Tras el fracaso del proyecto de compra de viviendas sociales del tripartito de San Vicente del Raspeig a través de procedimiento abierto, el equipo de gobierno intentará sacarlo adelante por la vía recogida en la Ley de Patrimonio, es decir, con una compra negociada y un procedimiento más directo en el que se reducen los trámites administrativos. Así lo anunció ayer la concejal de Urbanismo, Mariló Jordá, de Guanyar, en una rueda de prensa junto a sus compañeros del equipo de gobierno: el alcalde Jesús Villar y el edil de Contratación, Jose Luis Lorenzo, -ambos del PSOE- y la regidora de Servicios Sociales, Begoña Monllor, de Compromís. Un encuentro en el que los tres partidos quisieron mostrar una imagen de unidad, tender la mano a la Plataforma STOP Desahucios Raspeig y asegurar que se mantienen firmes en su compromiso de adquirir viviendas destinadas a alquiler social, el segundo proyecto más votado en los presupuestos participativos.
Con este cambio en el procedimiento administrativo de compra, el tripartito espera poder adquirir más viviendas sociales antes de finalizar el año, si bien no hubo un compromiso firme al asegurar que el nuevo proceso también será muy complicado.
Cabe recordar que el Ayuntamiento solo ha sido capaz de comprar un inmueble por 75.432 euros tras abrir dos procesos de contratación, si bien se presupuestaron 600.000 euros en 2017 y la misma cantidad este año para la creación de un parque de viviendas.
En relación a este inmueble, la concejal de Servicios Sociales señaló que ésta se ofrecerá a una persona que se encuentre en una situación de «emergencia extrema» por causas como ser víctima de violencia de género, haber sufrido un incendio en su inmueble o bien un desahucio. Asimismo, explicó que su uso será «temporal y esporádico» y hasta que se normalice la situación del afectado.
Asimismo, Monllor anunció que el equipo de gobierno ha descartado abrir una línea de ayudas al alquiler y dejó la puerta abierta a disponer de los inmuebles de titularidad municipal que queden libres cuando las asociaciones se trasladen al edificio que se está rehabilitando en la calle Sol.
Por su parte, el alcalde de San Vicente manifestó que en el fracasado proyecto de compra de viviendas sociales, el gobierno se encontró «con la realidad burocrática y administrativa y con la coyuntura del mercado inmobiliario». «Los propietarios de viviendas prefieren realizar las transacciones de compra-venta en el sector privado, mucho más ágil y sin apenas requisitos», argumentó Villar.
Oficina de la vivienda
En cuanto a la oficina de la vivienda, que ya debería de estar en funcionamiento en los bajos de la casa consistorial, el Ayuntamiento convocará el martes a la segunda empresa con más puntos para realizar las obras, ya que la adjudicataria no ha dado señales de vida.
