Una jueza le ha dado la razón y obliga a la Tesorería de la Seguridad Social a abonarle el dinero que le corresponde. Pero de eso hace ya seis meses y desde entonces no ha logrado que se cumpla el auto judicial. Dicha resolución dictada el 20 de septiembre de 2017 acordaba la ejecución provisional de una sentencia de septiembre de 2016 estimatoria parcialmente por la que el organismo debe de concederle al vecino un anticipo del 50% de la prestación correspondiente a su base reguladora, algo más de 9.000 euros. El juzgado de lo Social número 4 de Alicante daba diez días para el pago. Pero más de seis meses después el hombre no ha recibido nada y ha presentado hasta tres recursos pidiendo que se haga efectivo el auto judicial.

Francisco Antonio Ramírez es un vecino de San Vicente del Raspeig que denuncia que la Seguridad Social no le paga el dinero que le corresponde y asegura, «me están dando largas para no pagarme lo que ha dictado la juez». Señala que esta situación le ha provocado problemas que se han sumado a sus dolencias físicas, que le han minado la autoestima, le han hecho ponerse en manos de un psicólogo y también le han generado un problema con los bancos. «Nos hemos comido los ahorros y ahora tengo deudas porque llegué a un acuerdo para pagar poco a poco, pero como no he recibido el dinero que me tienen que pagar no he podido cumplir».

Cuando le llegó la carta en la que le comunicaban que estaba en el registro de morosos estalló y se decidió a denunciar su caso. «Hasta entonces estaba a la espera, pensaba en la buena fe y que me iban a pagar. Pero entonces alguien me dijo que si fuera al contrario, si fuera yo el que tuviera que pagar, ya me habrían embargado y me di cuenta de que sí y que era injusto y me he dado cuenta de que me están dando largas», explica el hombre, de baja desde 2014 y en una precaria situación económica.

En noviembre la juez de nuevo dictó providencia requiriendo el pago «sin más dilación en concepto de anticipos a cuenta de la prestación de pago único». La Seguridad Social recurrió y en enero de nuevo una providencia en la que le hacía saber al Abogado del Estado la cantidad concreta que debía de pagar. Y el 15 de marzo de nuevo el abogado de Francisco Antonio Ramírez recuerda que el auto de ejecución provisional se remonta más de seis meses y exige el pago. Y a la vez, pide al juzgado que requiera por última vez al Abogado del Estado para que pague y que además lo haga con apercibimientos legales «incluso de incurrir en caso de negativa en un delito de desobediencia y denegación de auxilio previsto en el Código Penal».

El denunciante explica que en el propio juzgado le animaron a presentar un último recurso, el de marzo, pero que no ha obtenido una respuesta positiva. «Me han dicho en la Abogacía del Estado que ese recurso no lo tienen y no me lo cogieron cuando iba a dárselo, me dijeron que ya les llegaría y que mientras está todo parado», cuenta el denunciante.