La Junta Local de Gobierno aprobó ayer la liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento de San Vicente y de sus organismos autónomos de 2017. Unas cuentas que según indica el concejal de Hacienda, Alberto Beviá se cierran con un grado de ejecución del 87% y con la incorporación de remanentes para inversiones al presupuesto de este año por 2,2 millones de euros.
Beviá explica que «tener las cuentas saneadas dan la posibilidad legal al Ayuntamiento de destinar excedentes de 2017 a inversiones para 2018», señalando que de los 8,9 millones de remanente de tesorería, un total de 2,2 millones de euros se incorporan al capítulo inversor para este año, que asciende a 4,1 millones. De esta forma, el edil destaca que la inversión total ascenderá a 6,3 millones de euros.
Entre otras partidas, la Junta Local tiene previsto dar el visto bueno a la incorporación de distintas actuaciones como la mejora de alumbrado público en Los Girasoles por 645.747 euros; la adecuación de caminos vecinales por 153.052 euros; la adquisición de equipos informáticos e implantación del expediente electrónico en el Ayuntamiento valorado en 108.143 euros; la mejora en aceras y vías públicas que asciende a 237.330 euros; infraestructuras en el Cementerio Municipal por 83.258 euros; mejora de alumbrado público en zona norte, por 80.880 euros; intervención en el edificio Isajove, con 35.000 euros; y mejora de instalaciones deportivas por un montante de 182.120 euros.
El concejal de Hacienda, Alberto Beviá, resalta que «el saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento, con una deuda que se ha reducido prácticamente a cero y que quedará totalmente extinguida a finales de este año, se ha llevado a cabo sin subir los impuestos, sin haber recortado los servicios básicos y con un incremento de las inversiones. Además, se ha cumplido el objetivo del Gobierno local de aumentar el gasto en protección social».
Las noticias son positivas también para los proveedores municipales, ya que la media del último trimestre de 2017 sitúa en ocho días el plazo de pago después de los 30 que se precisan para la tramitación administrativa. La Ley establece un plazo máximo de 60 días y San Vicente paga a los 38.
