Los dos concejales del Partido Popular de Sant Joan d'Alacant que por un error administrativo no habían sido citados como investigados en la causa por el cierre cautelar del crematorio declararon finalmente ayer ante el juez. Los ediles Víctor García, es edil popular en la actualidad, mientras que Charo Tomás ya no ejerce como tal.
Como hicieron a principios de marzo los concejales populares, de Compromís y de EU, ambos se ratificaron ante el juez en las razones que les llevaron a votar en un pleno celebrado en enero de 2015 el cierre cautelar del crematorio y que basaron en los informes de los técnicos y el de la Conselleria de Sanidad que advertía de posibles daños para la salud.
La actividad sigue cerrada cautelarmente en la actualidad.
La querella presentada por ASV y que había sido archivada en dos ocasiones, sostiene que los ediles eran conscientes de que el pleno no tenía competencias para adoptar el acuerdo y que el informe de la Dirección General de Salud Pública al que ellos se refieren no tenía conclusiones concluyentes sobre riesgos sanitarios y les acusa de un delito de prevaricación.
«Nuestra decisión es meridiana y clara. En el pleno manifestamos que, según los informes que teníamos aquello era nocivo para la salud y decidimos apoyar el acuerdo para que se cerrara cautelarmente», explica Víctor García. Señala que las preguntas del juez han ido relacionadas en todo momento sobre aquel acuerdo de pleno. En la misma línea, Charo Tomás explica que el juez ha querido conocer si los ediles eran conocedores de los informes técnicos «y estábamos más que informados, con informes de Sanidad que hablaban de que había peligro para la salud pública».
El juez deberá ahora decidir, una vez que han declarado los políticos y distintos técnicos si la querella sigue adelante o si entiende que no hubo prevaricación por parte de los ediles.
