El proceso de declaraciones sobre la querella que la mercantil ASV Funeser presentó contra los ediles que votaron a favor del cierre cautelar de la instalación en enero de 2015 siguió ayer. Y hablaron y se ratificaron en el informe quienes rubricaron el estudio de Salud Ambiental de la Conselleria de Sanidad en 2013 que fue clave para el cierre cautelar de la instalación al advertir de posibles efectos cancerígenos de las emisiones a la atmósfera. Los técnicos, testigos peritos llamados por el juez, recordaron ayer que dicho informe era «preceptivo y vinculante».

El estudio, hecho en junio de 2013, concluyó que la instalación suponía un riesgo sobre la salud de las poblaciones cercanas y advertía de que la empresa debía de implementar la utilización de las mejores condiciones posibles para minimizar el riesgo. Señalaba que el foco de emisión superaba los límites de emisión de monóxido de carbono para la legislación nacional, los límites de organismos internacionales de mayor prestigio en la emisión de dioxinas furanos. Y advertía del riego de cáncer por esas concentraciones de contaminantes.

Después de la declaración de los 11 concejales como investigados, y en calidad de testigos de altos funcionarios municipales, de técnicos de la empresa y de la Conselleria de Medio Ambiente, ayer fue el turno de quienes firmaron el informe sanitario de la Unidad de Salud Ambiental de la dirección general de Salud Pública sobre la evaluación del impacto en la salud del tanatorio-crematorio de Sant Joan d'Alacant, el jefe de la unidad de Sanidad Ambiental en 2013, José Vicente Martí Biosca, y el ingeniero químico de esa unidad en 2013, Juan Francisco Sánchez Pérez.

Y defendieron la medida de cierre cautelar adoptada por el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant en base a su informe desfavorable por el impacto en la salud. Y reconocieron que el consistorio con esa medida «fue cauto y prudente», según advertía Jose Sánchez-Alarcos, el abogado de los concejales contra los que se ha querellado la empresa.

ASV se ha querellado contra los concejales que votaron el cierre cautelar al considerar que el pleno no tenía competencias para adoptar el acuerdo y que el informe de la Dirección General de Salud Pública no tenía conclusiones definitivas sobre riesgos sanitarios y por eso les acusaba de un delito de prevaricación. Quieren conocer si el Ayuntamiento obvió hechos relevantes que habrían orientado la resolución en otro sentido.