El exalcalde de Sant Joan d'Alacant, el popular Manuel Aracil, y otros siete concejales también del PP en la legislatura anterior han sido los primeros en declarar dentro de las diligencias previas por el cierre cautelar del crematorio de Sant Joan d'Alacant votado en el pleno de enero de 2015.

Después de archivar dos veces la querella de la empresa ASV Funeser contra los ediles que votaron el cierre, la Audiencia Provincial ha reabierto el caso. Dos de los concejales populares que no estaban incluidos en la querella y que también votaron a favor del cierre deberán ahora declarar también, según pidió ayer el abogado de la empresa, Bernardo del Rosal.

Uno de ellos, Víctor García, estaba esta mañana junto a sus compañeros y antes de conocer que finalmente deberá comparecer explicaba estar allí "porque es lo mínimo que podía hacer", y como el resto de ediles señala que "hicimos lo correcto y con respaldo de informes técnicos". Esta semana volverán a declarar los dos concejales de Compromís y el de EU que también votó a favor.

ASV quiere demostrar que el cierre fue contrario a la ley porque cuando se acordó la clausura de las instalaciones asegura que los ediles sabían que se habían tomado las medidas correctoras exigidas por la Dirección General de Calidad Ambiental. Por su parte, los concejales populares afirman estar tranquilos porque "hicimos todo conforme a derecho y respaldados por informes técnicos".

El exedil popular, Santiago Román, explica que la empresa debía implementar ocho medidas acordadas por la Conselleria de Sanidad "y no conocemos que hayan implantado ninguna", decía a las puertas del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante donde están declarando desde las nueve y media de la mañana.

Las declaraciones continúan durante toda la semana y se ha citado entre otros al secretario del Ayuntamiento de Sant Joan y la jefe de los servicios jurídicos, el jefe de operaciones y calidad de ASV, a la instructora del expediente en la Conselleria de Sanidad, técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, el técnico de inspección Medioambiental o un ecotoxicólogo.