La Plataforma Antidesahucios Raspeig inició el pasado sábado una campaña de recogida de firmas para exigir al gobierno local que mantenga el proceso de compra de viviendas sociales. Y también, para exigirle que lleve a cabo el compromiso de la creación de una oficina antidesahucios y de intermediación hipotecaria a la que un pleno municipio dio el visto bueno. «En un rato que nos pusimos recogimos 500 firmas», advierte Isabel Bernal, miembro de Stop Desahucios, en un claro reto al Ayuntamiento de San Vicente.
Bernal explica que el mañana miércoles tienen una cita en la alcaldía para hablar del tema. Una reunión que llevan tiempo esperando y que se produce en un momento delicado, tras paralizarse por segunda vez la apertura de plicas en la mesa de contratación con las ofertas económicas de las tres casas ofrecidas por particulares al Ayuntamiento para convertirlas en viviendas sociales. Bernal afirmaba que su postura es firme y anuncia que van a realizar movilizaciones si no obtienen la respuesta que esperan.
Mientras, el equipo de gobierno se encuentra dividido. La concejal de Bienestar Social, Begoña Monllor, se mostraba disgustada por el hecho de que después de una semana de espera, volviera a aplazarse el acto. La edil reconoce que se ha perdido demasiado tiempo y que el proceso de compra de viviendas comenzó hace casi dos años y que al menos su área, ya ha hecho su trabajo.
