Los concejales que votaron a favor del cierre del crematorio de Sant Joan d'Alacant en 2015 tienen una nueva cita con la justicia los días 27 y 28 de este mes. Diez concejales del Partido Popular, que en ese momento gobernaba el municipio, dos regidores de Compromís y uno de Esquerra Unida tendrán que declarar ante el juez tras reabrir la causa, por segunda vez, la Audiencia de Alicante, al considerar «apresurado» el sobreseimiento de las actuaciones por parte del juez instructor. Y es que, el tribunal manifiesta que el fallo se acordó sin llegar a aclarar si, en el momento en que se aprobó la clausura de las instalaciones, los ediles tenían conocimiento de que la empresa había adoptado las medidas correctoras que le había exigido la Dirección General de Calidad Ambiental.
La querella presentada por la mercantil ASV tras la votación en el pleno de enero de 2015 alegaba que los ediles eran conscientes de que no tenían competencias para adoptar el acuerdo y que el informe de la Dirección General de Salud Pública invocado no era concluyente sobre los riesgos sanitarios, por lo que la empresa propietaria de la incineradora les acusa de un delito de prevaricación. El juzgado archivó la causa en dos ocasiones y ahora, la Audiencia de Alicante ha vuelto a aceptar el recurso de la mercantil y deberá determinar, por tercera vez, si los miembros de la corporación conocían las medidas correctoras adoptadas por la empresa y, por lo tanto, adoptaron la decisión a sabiendas de que era injusta.
Los primeros que deberán declarar ante el juez serán el exalcalde de Sant Joan, Manuel Aracil, y sus nueve concejales del Partido Popular. Aracil manifiesta sentirse tranquilo y asegura que contestará a todo lo que le pregunten, pero no quiso entrar en detalles alegando que nunca ha dado declaraciones sobre este tema y que nunca lo hará.
Apoyo a los concejales
Por su parte, el grupo municipal Compromís, presentó una moción en el último pleno para apoyar a los concejales que votaron a favor del cierre del crematorio, una iniciativa que contó con el apoyo de todos los partidos a excepción de los socialistas, que se abstuvieron alegando que iban a votar lo mismo que votaron en el pleno de enero de 2015, si bien hace dos años abandonaron la sesión.
Por su parte, la plataforma de afectados por el crematorio también se muestran al lado de los ediles investigados y alegan que el cierre cautelar de la incineradora se basó en que «la actividad no tenía ni tiene el preceptivo y previo informe sanitario que establece la ley». Los afectados manifiestan que «ASV sigue de forma prácticamente sistemática la estrategia de judicializar autorizaciones y expedientes relacionados con su actividad».
Asimismo, la plataforma arremete contra el alcalde, Jaime Albero, y su grupo, el PSOE, al asegurar que sus actos indican una falta de compromiso en la defensa de la salud de los ciudadanos y explican su falta de interés en cerrar el crematorio de forma definitiva.
