La creación de un parque de viviendas sociales, el segundo proyecto más votado en los presupuestos participativos, se le está complicando y enquistando al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Si en un principio fueron cuatro los particulares que ofrecieron sus casas para que el Consistorio las comprara, ahora la oferta ha descendido a tres. Y es que, la tardanza del gobierno local en formalizar la compra de los inmuebles ha provocado que un vecino retire su oferta al haber encontrado otro comprador.
Pero el escaso número de viviendas conseguidas no es el único problema con el que se ha topado el Ayuntamiento, ya que las tres que actualmente están disponibles carecen de ascensor y tampoco cuentan con la posibilidad de instalar uno, por lo que en el momento de su adjudicación a una persona o familia que lo necesite, se tendrían que descartar a las personas con movilidad reducida.
Por otra parte, el servicio municipal de arquitectura ha valorado los tres inmuebles y dos de ellos cuentan con una puntuación de cero en cuanto al estado de conservación. Humedades en el techo, escasa limpieza, grietas, desperfectos y manchas en las paredes, enseres inútiles y electrodomésticos e instalaciones que no funcionan son las características de las casas que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig pretende adquirir para destinarlas a alquileres sociales. Y es que, tan solo una de ellas cuenta con un estado de conservación «muy bueno» para su habitabilidad.
Sin embargo, el Consistorio tiene la intención de continuar con el proyecto y comprar estas viviendas que el propio concejal de Contratación, el socialista Jose Luis Lorenzo, ha calificado de «muy cutres». «Si se paraliza ahora el proceso, se perjudicaría el objetivo», manifestó el edil. «No estoy en contra de la compra, pero podríamos comprar viviendas decentes y que estén en buen estado. La idea del PSOE es ampliar el precio de compra a 100.000 euros», añadió Lorenzo.
El concejal de Contratación también manifestó que se está elaborando un informe que determine si deben ser los particulares los que adecuen las casas o, por el contrario, el Ayuntamiento debe de realizar dicha inversión.
Por su parte, la plataforma Stop Desahucios Raspeig rechaza que este proyecto se paralice e instan al equipo de gobierno a que se vuelva a ampliar el plazo de presentación de casas y a que se reduzcan, todavía más, las características mínimas que han de reunir los inmuebles para su compra.
