Antonio y María (nombres ficticios) viven de ocupas en una casa desde hace un año y cuatro meses. Tienen una niña de 3 años y ahora les obligan a dejar el piso, propiedad de un banco. «Me quedé en paro y dejé de pagar los 300 euros de alquiler y a los cuatro meses nos echaron y me fui a buscar uno de patada», resume el hombre de 26 años. «Antes de quedarnos en la calle prefiero así. No quiero ocupar, pero no me queda más remedio. ¿Qué hago? ¿dónde voy?», dice, mientras reconoce que la entidad bancaria que primero les dio esperanzas para el pago de un alquiler muy bajo, finalmente les ha exigido judicialmente que dejen la vivienda.
La pareja se defiende: «No usamos ningún elemento común. Sólo queremos un techo y los vecinos saben cómo estamos y algunos nos han dicho que si tienen que firmar para decir que somos buenos que lo hacen».
Les han cortado ocho veces la luz y el agua de la red general a la que se «enganchan» y reconoce que no quiere ocupar una casa que no es suya y que su objetivo es pagar un alquiler de unos 150 euros para poder vivir. Antonio asegura ganar 500 euros en el trabajo que acaba de conseguir donde admite para ahondar en la penuria que: «Me contratan cuatro horas, pero trabajo ocho». Su situación es complicada porque afirma, nadie les alquila una vivienda, no tienen aval y ningún arrendador considera una garantía lo que gana.
En la Plataforma Antidesahucios (PAH) de San Vicente del Raspeig advierten de que su historia es similar a las más de treinta familias que han acudido hasta su oficina, ubicada en el despacho del grupo municipal de Sí Se Puede. Tienen niños a su cargo y trabajos precarios. En este caso, la pareja busca ayuda y asesoramiento para poder alcanzar un alquiler social. Sólo este mes de enero, Stop Desahucios ya ha atenido «seis casos de ocupación y otros dos de demandas por hipotecas», explica Isabel Bernal, una de las personas que atiende a los afectados. Y la entidad reconoce recibir cada vez más casos también de Alicante.
«Va de boca en boca»
Afirman que en San Vicente las viviendas ocupadas están diseminadas por todo el núcleo urbano. «Tenemos en todas partes», aclara José Expósito, otro de los miembros activos de la plataforma, quien reconoce que ya no se circunscribe a las zonas consideradas como marginales. Expósito explica que en San Vicente se agrava la situación de ocupación porque, al tratarse de una ciudad universitaria, los alquileres suelen ser elevados, de manera que rara vez bajan de los 400 euros mensuales. Y añade que «el problema de la ocupación es que va de boca en boca, nosotros tenemos más de 30 familias y sabemos que cada una de ella crea un efecto llamada para otras», advierte. Además, otro de los grandes problemas que aseguran que se está produciendo es que «en algunos lugares se está haciendo negocio con estas casas ocupadas».
Al tanto de esta situación está la concejal de Bienestar Social, Begoña Monllor, que es consciente de ella por el trabajo conjunto que están realizando junto a esta entidad para poner en macha el plan de viviendas sociales en San Vicente del Raspeig. La edil reconoce que es necesario abordar con un plan ambicioso de alquileres sociales los problemas de muchas de las familias, algo que, explica, se va a abordar entre el tripartito para decidir qué hacer.
La PAH explica que el perfil medio es de familias de entre 30 y 40 años que bien han perdido su vivienda o que no pueden pagar un alquiler. «Optan por la ocupación porque sin domicilio les pueden quitar a sus hijos. Tienen muy pocas opciones», lamenta Isabel Bernal, quien reconoce que el sistema de alquiler social de la Conselleria «es bueno, pero tardío, debes presentar el recibo de lo pagado y un año después te abonan hasta el 50%, pero ¿mientras tanto? Las de 2017 están aún sin pagar, las familias no pueden hacer frente a ese gasto. Y para alquilar piden nóminas de al menos 1.000 euros y adelantar hasta dos pagos, es inviable». Y cuenta: «Al primer requerimiento las familias dejan la casa, pero se van a otra».
