La Plataforma Anticrematorio manifestó ayer que la sentencia que acaba de anular las mediciones de las emisiones de sustancias químicas a la atmósfera realizadas por el Ayuntamiento de Sant Joan en 2014 no afecta de ningún modo al cierre provisional que se mantiene actualmente sobre el complejo, reclamando al Consistorio que se convierta en clausura permanente.
Este medio informó el pasado jueves que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha fallado a favor de la empresa propietaria del crematorio, ASV, al considerar que esa labor de control de las emisiones solo es competencia de la Conselleria de Medio Ambiente. Esta sentencia va a ser recurrida por el Ayuntamiento, y precisamente estas mediciones fueron uno de los argumentos del Consistorio para aprobar en pleno -en enero de 2015- el cierre cautelar, que está recurrido por la empresa.
Desde la Plataforma manifestaron ayer que «el cierre cautelar actualmente vigente no es por un informe de 2014, es porque el crematorio carece del informe favorable de impacto de salud. Este aval sanitario es previo y preceptivo, según el ordenamiento vigente (artículo 17.1 del Decreto 195/2009 de 30 de octubre de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad Valenciana), a la autorización del crematorio. Es decir, el crematorio ha estado funcionando 18 meses sin el informe de salud, por lo tanto ilegalmente. La Ley debe ser igual para todos y todos deben cumplirla».
Los vecinos insisten en que «esta resolución judicial, que no es firme, no afecta para nada al cierre cautelar». «Lo que hace la empresa es intentar generar confusión en la opinión pública. Esto lo sabe el Ayuntamiento y calla, y somos los colectivos de afectados los que lo tenemos que denunciarlo», añaden.
La Plataforma señala que «si la licencia de apertura es del 16 de abril de 2013 y el informe sanitario de Sant Joan es de junio de 2013 y es previo a dar la apertura, ¿cómo es que se dio tal licencia?».
De igual forma, advierten de que «la mercantil intenta judicializar todo el proceso, ya que así se diluye el tema médico y sanitario, que es realmente el importante, y también se diluyen las responsabilidades políticas, que son en este caso más que evidentes».
Además, consideran que el hecho de que «cambie el organismo competente para medir no cambia los riesgos que entrañan las emisiones contaminantes ni los efectos para la salud de tales emisiones, como ha señalado por dos veces la Conselleria de Sanidad». Por todo ello, prosiguen los vecinos, «pedimos al Ayuntamiento que cumpla sus compromisos con la ciudadanía, ya que en dos años y medio no ha hecho nada, no ha tomado ninguna iniciativa para cerrar definitivamente esta instalación calificada por la propia administración pública como nociva contaminante y peligrosa. Es el Consistorio el que tiene los mecanismos jurídicos para acabar para siempre con el problema, ¿por qué no lo hace?».
Por último, «lamentamos la falta de participación ciudadana, ya que pese a que hay una comisión municipal para informar de este tema nos tenemos que informar casi siempre por la prensa o terceros».
