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El Campello

Un juez condena al Consistorio por su pasividad ante las denuncias por el ruido de una gasolinera

El magistrado censura la inactividad municipal ante las quejas vecinales que desde 2007 genera la estación de servicio de la calle San Ramón

La zona de lavado de la gasolinera, con el edificio de los vecinos afectados detrás. j. a. r.

Una gasolinera que trae de cabeza a vecinos, Ayuntamiento y dueño. Un juez ha condenado al Consistorio de El Campello por inactividad, al no haber adoptado las medidas necesarias para comprobar las reiteradas denuncias vecinales desde 2007 sobre el exceso de ruido del lavadero de la gasolinera Shell, en la calle San Ramón con la avenida de El Vincle. El contencioso lo presentó un grupo de vecinos tras alertar al Ayuntamiento de esta inactividad el 20 de mayo de 2016, después de numerosas quejas, acreditando el juez la pasividad hasta esa fecha, e instando a la Corporación a «poner en marcha los oportunos procedimientos de revisión y/o sancionador, previa realización de una auditoria acústica de oficio que podría solucionar o al menos empezar a solucionar el problema que afecta a los demandantes y a la entidad codemandada».

La sentencia está fechada el 21 de junio y los vecinos lamentan que hasta que no acudieron a la vía judicial el Consistorio no empezó a ejercer su función supervisora. Desde entonces el Ayuntamiento ha decretado en varias ocasiones el cierre provisional del lavadero por superar los límites autorizados de ruidos. La última vez fue el pasado 13 de noviembre mediante decreto del alcalde Benjamí Soler (Compromís), tras acreditar una auditoría encargada por la Corporación que efectivamente el túnel de lavado excede el nivel de ruido permitido (76,1 dBA, cuando el límite es 55), instando al titular a realizar una serie de mejoras. El dueño, tras implantar las correcciones, reabrió el pasado viernes 24 de noviembre el lavadero, aportando además una auditoría sonora favorable.

Las partes han presentado numerosas auditorías contradictorias, ya que las de los vecinos y el Ayuntamiento -antes de las últimas mejoras- confirman que se superan los límites permitidos de ruido, mientras que las del dueño están dentro de la legalidad.

Y a este respecto el juez da un serio toque de atención al Consistorio, a quien condena al pago de las costas del litigio, ya que hace también referencia al levantamiento del primer cierre en el verano de 2016. Y lo hace porque la auditoría presentada por la empresa, en la que se basó la Corporación para reabrir el complejo, se hizo con uno de los cuatro boxes de lavado cerrado, cuando la Ley establece que la medición debe realizarse en las condiciones más desfavorables, por lo que el magistrado exigía que fuera el Consistorio, como así ha sido finalmente, el que encargara una auditoría de oficio. Además, en la sentencia el juez lamenta que muchas de las actuaciones que afirma el Ayuntamiento que ha realizado para demostrar la no ha habido inactividad (hasta el 20 de mayo de 2016) son «intrascendentes y parece que han podido ser materializadas para tratar de justificar ad hoc la inexistencia de inactividad por parte de la administración».

Incumplimientos

Los vecinos que residen detrás de la estación de servicio insisten en que el complejo sigue incumpliendo los niveles y no hay autorización para la reapertura y alertan de que las instalaciones, en lo referente a la zona de lavado, no se ajustan al proyecto presentado, tal y como también señalan los técnicos del Ayuntamiento, motivo por el cual el propietario ha presentado un contencioso, ya que argumenta que se trata de un error del plano.

Por su parte el dueño de la gasolinera Shell-Vincle 2000 responsabiliza al Ayuntamiento de no haberle dado traslado de las quejas de los vecinos de 2012, 2013 y 2014, y que ha realizado una inversión que alcanza ya los 60.000 euros para mejorar la insonorización de la zona de lavado, aunque recuerda que más que de su complejo, el ruido viene de la propia calle San Ramón, la antigua travesía de la N-332, que soporta un gran trasiego.

Consistorio

El alcalde confirmó que tras presentar la nueva documentación el dueño el pasado viernes y verificar técnicos municipales que se habían realizado las mejoras solicitadas, el propietario ha reabierto el túnel de lavado, recordando que la inactividad a la que se refiere el juez se remonta al anterior mandato del PP.

Estas medidas correctoras han consistido en sustituir los manómetros de los boxes de lavado por otros con un precinto homologado; el establecimiento de un mecanismo que garantice que el proceso de lavado sea independiente para cada vehículo, evitando así más ruidos, para lo que se ha instalado una barrera; acreditar el correcto funcionamiento de las turbinas de la zona de secado del túnel con la potencia correcta; además de una nueva auditoría en la que se queda por los pelos dentro de lo permitido, con 54,7 dBA, cuando el límite está fijado en 55.

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