A la segunda fue la vencida y finalmente el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado el pliego de condiciones que a toda velocidad ha hecho Contratación para la compra de viviendas sociales. Unas casas que destinará a familias con escasos recursos. El presupuesto global es de 600.000 euros y pagará hasta 80.000 euros por casa. La Junta de Gobierno le ha dado luz verde; y ayer mismo el alcalde, Jesús Villar, envió la orden para que se publique la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Los futuros vendedores deberán pensárselo rápidamente porque el Ayuntamiento, para ganar tiempo y que el proceso llegue a final de año, ha acortado los plazos a quince días naturales en lugar de los treinta que se dieron en la anterior licitación, y empezarán a contar al día siguiente de que se publique en el BOP. Según explica el edil de Contratación, José Luis Lorenzo, la publicación podría aparecer en un plazo no mayor de cinco días, por lo que a mediados de noviembre ya se sabrá si hay ofertas de venta de casas al Ayuntamiento, tras quedar desierta la anterior licitación.

La concejal de Urbanismo, Mariló Jordá, explica que el nuevo pliego lo que ha hecho es facilitar las gestiones de quienes quieren vender su vivienda y destaca que buena parte de las nuevas medidas han sido observaciones de la Plataforma Antidesahucios. Y advierte que lo mejor de las nuevas condiciones exigidas es que «facilita que tanto los bancos como las inmobiliarias se planteen ahora la conveniencia de vender viviendas al Ayuntamiento».

Asesorados por la PAH

«La PAH tiene contacto con los bancos. Saben que tienen muchos pisos pero sin electrodomésticos. Y nos sugirieron que, para facilitar a inmobiliarias y bancos y también particulares que vendieran sus pisos sería conveniente quitar esa obligación», explica la concejal cuyo departamento ha elaborado los pliegos de condiciones técnicas de las viviendas.

«A priori no tendrán que contar con el certificado de la Evaluación Técnica de Edificios, ni con los electrodomésticos. Únicamente tienen que presentar una declaración responsable en el momento de la presentación», cuenta. Cuando el consistorio valore la oferta, si el inmueble es el elegido, entonces el propietario deberá presentar toda la documentación y también dotar la casa con los electrodomésticos. «Si el Ayuntamiento lo compra, entonces tendrán que poner calentador, cocina y frigorífico nuevos», añade. Así, no obligará a hacer un esfuerzo previo a los propietarios, puesto que certificados como el de inspección técnica también tienen un coste.

También la exigencia de que las viviendas tengan ascensor se ha eliminado.

Jordá explica que los pisos que se van a comprar pueden tener una antigüedad de hasta 50 años, y muchos de ellos sin ascensor porque en el momento en el que se construyeron no había obligación de tenerlo. «La accesibilidad queda condicionada a la legislación existente en el momento de su construcción», apunta. Un aspecto que preocupa al grupo popular, que advierte que «al final se adjudicarán viviendas no accesibles y una administración debe velar por la accesibilidad».