El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha recibido un recurso de reposición de uno de los cuatro licitadores que ha quedado excluido en el proceso de concurso para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Pabellón Polideportivo Municipal. Pide la suspensión del proceso de adjudicación en marcha y advierte que, de no aceptarse su recurso en el que justifica los precios presentados al concurso, acudirá a los tribunales, al no estar conforme con la valoración hecha por el Ayuntamiento que le descartó por temeridad económica. Se trata además del estudio que obtuvo el mayor número de puntos en la fase de criterios objetivos, un total de 28. La siguiente oferta, la de la unión temporal de empresas (UTE) Naos 04-Manuel Costoya, que es la mejor posicionada, obtuvo 27.
Al concurso para redactar el pabellón se presentaron nueve empresas y cuatro fueron excluidas por no cumplir alguno de los requisitos técnicos que marcaba el pliego de condiciones. En este caso, todas por temeridad económica.
El recurso interpuesto lo firma el arquitecto gallego que se ha presentado al concurso y que advierte al Ayuntamiento su intención de acudir a los tribunales con un recurso contencioso administrativo si no se admiten los razonamientos que presenta en el recurso contra su exclusión basada en «baja temeraria».
Un informe que emitió el Servicio de Arquitectura municipal y que, entre otras cosas, advertía de que los gastos por desplazamientos se consideraban insuficientes, algo que rechaza el licitador esgrimiendo los costes de una aerolínea de bajo coste que opera con Santiago.
El Ayuntamiento objetó también porque presentó sólo un presupuesto de las colaboraciones externas.
El licitador exige que se admitan sus propuestas económicas y se vuelva a tener en cuenta «una valoración objetiva del informe de justificación de la oferta presuntamente incursa en temeridad», señala en el documento, donde advierte que «la argumentación para su desestimación no está fundamentada y se basa en percepciones subjetivas, siendo la justificación de la oferta económica perfectamente objetiva y fácilmente constatable», añade el licitador.
Mientras, la mesa de contratación celebrada ayer pidió a la empresa mejor valorada, tras estudiar la documentación presentada, que justifique la solvencia técnica y acreditar que en los últimos cinco años ha llevado a cabo un proyecto público o privado igual o superior a 4 millones de euros. De no acreditarlo quedará excluida del proceso de contratación, según reconocieron fuentes del área.
