Un balón de oxígeno para el Ayuntamiento de El Campello... y para la propia Generalitat. El Gobierno autonómico ha concedido una moratoria de dos años frente a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, por lo que se posponen las indemnizaciones millonarias que El Campello tiene sobre la mesa. El municipio ha recibido varias reclamaciones de este tipo, derivadas de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Supremo en abril de 2016, y a las que tendrían que hacer frente a partes iguales Ayuntamiento y Generalitat, según explicó el alcalde Benjamí Soler (Compromís).
Pero gracias a las modificaciones introducidas el 31 de diciembre de 2016 por la Generalitat en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, se recoge una moratoria de dos años para que empresas y particulares puedan reclamar la expropiación de los terrenos afectados ante un tribunal. Es decir que hasta el 31 de diciembre de 2018 el Ayuntamiento está a salvo de tener que hacer frente a estas reclamaciones millonarias, pero si tras este periodo de tiempo no ha encontrado soluciones a los problemas generados por la anulación del PGOU, tendrá que afrontar las peticiones y lo que estime el jurado de expropiación.
Eso sí, el primer edil señala que después podrían haber otras alternativas para ampliar esa moratoria, como por ejemplo una suspensión de licencias por dos años más por la tramitación del PGOU, aunque por ahora se centran en solucionar varios frentes, como por ejemplo el del centro comercial que se proyectaba en El Messell.
Su tramitación estaba muy avanzada, pero la anulación del PGOU lo ha dejado fuera de planeamiento y la empresa Profusa, promotora y urbanizadora del complejo, ha pedido formalmente ante el Ayuntamiento una reclamación patrimonial por valor de 1,5 millones de euros, a la que tendrían que hacer frente al 50% el Ayuntamiento y la Generalitat.
Por ello, el Consistorio y la Conselleria de Territorio están estudiando la posibilidad de realizar una modificación puntual del PGOU de 1986, ahora vigente tras la anulación del aprobado en 2011, para permitir el desarrollo del complejo comercial, lo que desbloquearía el proyecto y libraría al municipio y la Generalitat de esa indemnización, aunque no es la única que se ha presentado.
Pese a que a principios de año el Ayuntamiento descartaba la posibilidad de una modificación urbanística para salvar el centro comercial, ahora la postura ha cambiado. De todas formas respecto a la reclamación patrimonial, fuentes municipales señalaron que la empresa la presentó por motivos de plazos legales, ya que se dispone de un año para formularla desde la anulación del PGOU para no perder el derecho a indemnización que después deberá determinar un tribunal, pero sigue interesada en el plan.
Disposición transitoria
En la ley que establece esta moratoria de la que se beneficia El Campello se recoge en la disposición transitoria undécima que «a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la administración competente para que presente la hoja de aprecio correspondiente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido por el artículo 104.1 y 104.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2018». Una prórroga de la que queda menos de año y medio para resolver el tremendo problema que ha causado la anulación del PGOU en El Campello por la reclamación de un restaurante de la playa del Carrerlamar.
