Alegaban que eran una pensión, pero en realidad la actividad que se desarrollaba en el chalé era el de casa de citas. Era vox pópuli incluso para el Consistorio de San Vicente del Raspeig, que a pesar de ello, durante meses no había podido hacer nada. El Ayuntamiento ha estado durante meses intentando paralizar la actividad sin lograrlo, puesto que no llegaban a demostrar la verdadera actividad que se estaba desarrollando en el interior del inmueble. Ha sido gracias a una importante operación del Cuerpo Nacional de la Policía la que ha logrado lo que Urbanismo trataba de hacer de forma infructuosa enviando a la Brigada de Aperturas.
Una investigación llevó a los agentes a la vivienda. Gracias a una orden judicial accedieron al inmueble donde detuvieron a seis personas que están actualmente en prisión acusadas de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual y laboral de mujeres, tres de ellas estaban en situación irregular, y al tráfico de drogas.
En el inmueble había una docena de mujeres ejerciendo la prostitución, otras que eran las encargadas de controlar a los clientes y descubrieron que había empleadas que trabajaban como cocineras o en el servicio de la casa que carecían de contrato y en condiciones de explotación.
La concejal de Urbanismo, Mariló Jordá, explica que al Ayuntamiento le constaba una actividad pero no podían intervenir, ya que los propietarios no permitían el paso a la Policía Local al alegar que se trataba de una casa donde alquilaban habitaciones. Ahora, tras la intervención de la Policía Nacional el Ayuntamiento va a clausurar la actividad, después de la audiencia previa.
En la intervención, la Policía Nacional descubrió una barra en la que se servían bebidas y un registro con el cobro. Es lo que ha permitido la clausura de la actividad, detrás de la cual llevaba meses el Ayuntamiento.
Eran muchas las voces que pedían la intervención en dicho inmueble, ubicado en la zona de Sol y Luz, un entorno tranquilo y donde la actividad se desarrollaba de forma discreta, según explican fuentes municipales. A pesar de ello, se recibían quejas de los vecinos, conscientes de la actividad que se ejercía. Y también de movimientos feministas que sospechaban lo que confirmó el registro policial, que se ejercía un abuso de mujeres y explotación sexual.
