El constructor Enrique Ortiz podrá volver a presentarse a los procesos de contratación del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. El pleno que se celebró ayer levantó el veto a la empresa Enrique Ortiz Contratista de Obras S.A. y anuló el acuerdo de la sesión plenaria del 24 de febrero de 2016 en el que se aprobó prohibir contratar a dicha mercantil por un periodo de dos años.
El equipo de gobierno ha tenido que retractarse y acatar la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante, que admitió el recurso judicial que Ortiz presentó pidiendo la anulación de dicho acuerdo plenario. Así, la resolución obliga al Ayuntamiento a pagar las costas de este proceso y a anular la inscripción de la prohibición de contratar con la empresa en todos los registros donde así conste.
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig acordó el veto a la mercantil de Enrique Ortiz tras la decisión de la constructora de abandonar la gestión del aparcamiento que se construyó en la parte baja de la casa consistorial al entender que les había provocado graves perjuicios.
El tripartito no ha tenido más remedio que acatar la resolución del juez, que destacó que la tesis por la que el Consistorio sanvicentero dio luz verde a prohibir contratar con la empresa de Ortiz no puede ser admitida, puesto que no existe ninguna sentencia en la que se declare culpable a la mercantil por la resolución unilateral del contrato de gestión del parking.
«El Ayuntamiento de San Vicente sufrió un duro revés a sus intereses públicos tras la renuncia de Ortiz a gestionar el parking durante 35 años, por eso no quisimos quedarnos impasibles ante esta decisión unilateral», manifestó el concejal de Contratación de San Vicente, Jose Luis Lorenzo. «Veíamos justificada que Ortiz tuviera una penalización para contratar con el Ayuntamiento de San Vicente durante dos años», añadió el edil socialista.
Por su parte, el Partido Popular fue el único grupo que no votó a favor de levantar el veto a Ortiz y se abstuvo en la votación como ya hizo en febrero de 2016. El concejal Antonio Carbonell advirtió que el empresario podría solicitar algún tipo de compensación económica al Ayuntamiento por el año y tres meses que ha estado sin poder acceder a una contrata. «Ustedes tenían un capricho, querían ser los primeros de la Comunidad Valenciana en prohibir la contratación a Enrique Ortiz y nosotros les advertimos que ese capricho podía suponer perjuicios económicos para las arcas municipales. La justicia dice que ustedes se han precipitado porque la prohibición de contratar es algo muy serio y exige algo más que un capricho», manifestó Carbonell.
