19 de mayo de 2017
19.05.2017

Indemnizado con 22.000 euros por mala praxis en un implante dental en Busot

El odontólogo no realizó un escáner previo al afectado y le colocí dos microtornillos que no son los indicados para sujetar una prótesis fijas

20.05.2017 | 00:33

Una aseguradora indemnizará con 22.000 euros a un hombre por una mala praxis en un implante dental que se le realizó en una clínica de la localidad alicantina de Busot, sin haber sido sometido con anterioridad a las pruebas diagnósticas necesarias, según el acuerdo extrajudicial alcanzado en este caso.

El afectado, de 67 años, ha estado representado por la asociación El Defensor del Paciente. El caso se remonta al 9 de mayo de 2012 cuando esta persona acudió a la clínica para someterse a un tratamiento odontológico para la colocación de seis implantes que servirían de soporte para una prótesis fija. El objetivo del hombre era mejorar la estética y la funcionalidad de su boca, según informa Europa Press.

Sin embargo, el odontólogo "con infracción de los protocolos médicos aplicables" le colocó los implantes sin realizar "las mínimas pruebas diagnósticas" necesarias para planificar la cirugía, según ha informado la asociación en un comunicado.

En concreto, "no consta que se le realizara un escáner previo que permitiera un estudio adecuado del volumen y calidad ósea, estudio indispensable para una diligente práctica médica".

Además, al margen de lo anterior, no le colocó los seis implantes contratados, sino cuatro implantes y dos microtornillos que no son los indicados para la sujeción de la prótesis fija. A raíz de lo anterior, los implantes no se integraron en el hueso y la prótesis fija se movía constantemente, provocando dolor y molestias al paciente, que tuvo que acudir a otra clínica para rehacer de nuevo todo el tratamiento.

El paciente acudió a la asociación El Defensor del Paciente, que interpuso una demanda contra el odontólogo por "el deficiente tratamiento" y contra su aseguradora. Antes de celebrarse el juicio, el seguro ha accedido a indemnizar extrajudicialmente al reclamante con la cantidad de 22.000 euros, lo que ha puesto fin al proceso judicial.

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