A vueltas con la obra del edificio consistorial de San Vicente y una vuelta de tuerca más a cuenta de quién tiene que pagar la revisión de precios que se le reconoció al constructor en 2013. Finalmente le toca al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y no al ente que encargó y sufragó la obra, la Generalitat Valenciana, hacer el pago y abonar a la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras 636.307 euros.
El pleno ordinario del mes de enero lleva entre sus puntos del orden del día ejecutar la sentencia 11/2013 del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Alicante sobre la revisión de precios de la obra de construcción del nuevo edificio consistorial de San Vicente. Y obliga al Consistorio a abonar a la empresa el montante de la revisión de precios.
El cuatripartito que gobierna el Ayuntamiento ya advirtió en abril del año pasado que sería la Generalitat quien se haría cargo de ese dinero. Y sigue manteniendo el mismo criterio, aunque en este caso adelantará el dinero porque así se lo obliga una sentencia judicial.
El pasado abril el Ayuntamiento dio cuenta en el pleno de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que reconoció el derecho de Ortiz e Hijos a percibir el montante por la revisión de precios después de que el constructor presentara una demanda de revisión de precios, y que se suman a los 267.953 euros que ya fueron reconocidos.
El concejal de Hacienda advierte de que el dinero que se abonará al constructor no perjudica de ninguna forma a las inversiones ni al presupuesto del municipio y señala que está consignado desde 2016 a raíz de la sentencia judicial. Y adelanta de que el mismo importe ya se ha reclamado a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente desde el pasado 12 de diciembre, puesto que, insiste Bevià, la obra fue sufragada completamente por la Generalitat y es quien debe hacerse cargo del pago, aunque en este caso adelantado por el Consistorio. En 2003 el Ayuntamiento firmó con la Generalitat un convenio y dos adendas, la última en mayo de 2007, para realizar inversiones en San Vicente. Bevià explica que «no nos hemos salido del convenio y eso se tiene respetar». Y añade que en este caso «el que gana es Ortiz que en lugar de que le pague la Generalitat le pagará el Ayuntamiento».
