Las comunidades educativas de Mutxamel y Busot continúan reclamando a la Conselleria de Educación que habilite un autobús para sus alumnos de bachiller y Formación Profesional. Y es que, más de 30 jóvenes de estos municipios que cursan la etapa postobligatoria siguen sin poder acceder a este servicio.

Tras la denuncia de las familias y de los ayuntamientos correspondientes hace algunas semanas, el Consell ha autorizado a 24 alumnos de bachiller y ciclos a utilizar los autobuses para recorrer los kilómetros que separan sus viviendas de los dos institutos que se encuentran en el centro Mutxamel. Sin embargo, todavía hay 34 estudiantes a la espera de beneficiarse de dicha prestación y cuyas familias reclaman una solución urgente.

Los padres afectados han puesto en marcha una plataforma con el objetivo de unir sus fuerzas para defender el derecho a la educación de sus hijos. Un total de 40 familias reclaman a la Conselleria de Educación que apruebe «una autorización especial y definitiva para utilizar un servicio y unas rutas ya existentes», tal y como se venía haciendo en cursos anteriores.

Irene Carrio, una de las madres afectadas, explicó que, tanto en Busot como en las zonas residenciales de Mutxamel, no existe una línea regular de transporte público interurbano y «es imposible llegar a los institutos andando por las largas distancias y la falta de aceras». Así, muchas familias han tenido que organizarse y concretar turnos para llevar a sus hijos al IES Mutxamel y a L'Allusser.

Los afectados también denuncian que se ha producido un agravio comparativo, ya que este año el Consell sí que permite que los niños de la etapa infantil, que no es obligatoria, suban a los autobuses para acudir a los centros educativos. «Instamos a la Conselleria a que trate a todas las educaciones no obligatorias con las mismas consideraciones», manifestó Irene Carrio. Una de las soluciones que propone la plataforma es que la Conselleria permita llevar a cabo un copago del servicio del transporte escolar y repartir los gastos entre la Administración autonómica y los afectados, según el nivel de renta de las familias.

Asimismo, los padres denuncian «la falta de seriedad en la comunicación» que Educación tiene con las familias, ya que aseguran que se enteraron de la autorización de los 34 alumnos «por las monitoras de los autobuses».

La plataforma de afectados está recogiendo firmas para pedir a la entidad autonómica que revise el decreto que regula las ayudas de transporte colectivo e incluya a bachiller y a FP.