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El Campello

El pleno rechaza readmitir a los empleados de la grúa pese a una sentencia judicial

El cuatripartito y el PP tumban la moción de EU para municipalizar el servicio pese a que el PSOE y Compromís respaldaron una medida similar hace año y medio

Un grupo de policías reclamó en el pleno de anoche la readmisión de los trabajadores de la grúa. j. a. r.

No a la municipalización de la grúa con la readmisión de los tres trabajadores despedidos en marzo de 2015, pese al fallo judicial que condena al Consistorio por ello. Y sí a una comisión de investigación sobre las irregularidades en la tramitación y construcción del vertedero de El Campello. El pleno municipal de anoche sirvió para que el PSOE se estrenará en sesión plenaria como parte del equipo de gobierno tras el pacto alcanzado este mes, pero el protagonismo fue para Esquerra Unida, que con dos de sus mociones acaparó la atención de un pleno que de nuevo estuvo vacío de contenido en cuanto a gestión municipal.

La moción de EU para readmitir a los tres empleados de la grúa y municipalizar el servicio fue rechazada por el cuatripartito formado por Compromís, el PSOE, Partido del Campello y Demòcrates, y por el PP, con la abstención de Ciudadanos y el único respaldo de la propia Esquerra Unida. Al pleno acudieron además un grupo de policías locales, convocados por los sindicatos SPPLB, UGT y CC OO, para reclamar la readmisión de los tres trabajadores y la municipalización de esta forma del servicio.

Esto se producía una semana después de trascender que una juez ha condenado al Consistorio por despido improcedente, por no haber subrogado el contrato de uno de los tres empleados del anterior servicio de grúa. El motivo es que la Corporación, cuando estaba gobernada por PP y Decido en marzo de 2015, rescindió el contrato con la empresa que venía prestando el servicio desde 2007 al finalizar el mismo, sin sacar a licitación un nuevo contrato y asumiendo de facto, aunque de forma irregular, el servicio, sin la consiguiente subrogación de sus tres trabajadores a la que obliga la ley. Los otros dos trabajadores despedidos están pendientes de juicio y todo apunta que correrán la misma suerte, que significa el pago de los sueldos impagados y la readmisión o una indemnización.

«Falta de coherencia»

La edil de EU Raquel Pérez lamentó la «falta de coherencia» y contradicciones de PSOE y Compromís, que en abril de 2015, tras los despidos, respaldaron desde la bancada de la oposición una moción similar. A este respecto el equipo de gobierno señaló que, además del Ayuntamiento, el empleado también ha recurrido esta sentencia en primera instancia, al parecer por no estar de acuerdo con la indemnización, por lo que no es firme y no pueden ejecutarla, y que además la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local impide aumentar los gastos en el capítulo de personal. Y el alcalde destacó que ahora, como primer edil, tiene el deber de agotar la vía judicial y defender los intereses del Ayuntamiento, a lo que respondió EU preguntándole si desde la bancada de la oposición no hacía lo mismo, y alertó de que se pueden estar cometiendo una ilegalidad actualmente al haber adjudicado «a dedo» el contrato de la grúa y superar el coste final los 18.000 euros anuales.

El alcalde insistió en la imposibilidad de readmitirlos y anunció que en todo caso, si no prospera su recurso, se les indemnizará por ese motivo, señalando por otro lado que si es necesario se sentarán para estudiar si es viable municipalizar el contrato, y reconociendo que el servicio que se presta ahora con arrastres puntuales es deficiente y afecta a la Policía.

El PP también se opuso, al considerar que no pueden incorporarse a la plantilla municipal tres personas sin pasar ningún tipo de oposición. C's basó su abstención en que hay un recurso judicial abierto y otras dos sentencias pendientes.

Por otra parte, todos los grupos respaldaron la moción de EU para la creación de esta comisión municipal con el fin de esclarecer el proceso en torno al vertedero de Les Canyades, que desde su puesta en marcha en 2009 ha sido foco de graves malos olores.

EU pedía «crear una comisión de investigación sobre el proceso para la instalación de la planta en nuestro municipio, por una serie de motivos que señalan la existencia de numerosas excepcionalidades que deben ser aclaradas». El PP señaló que respalda su creación para desmontar «las mentiras, preguntas capciosas y medias verdades» que copan la justificación de esta moción.

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