Los policías de El Campello se movilizan para pedir la readmisión de los tres trabajadores de la grúa despedidos en marzo de 2015, tras la sentencia que condena al Consistorio por asumir el servicio sin subrogar sus contratos. Los sindicatos SPPLB, UGT y CC OO han convocado una concentración de agentes en el pleno municipal que tendrá lugar el próximo jueves para respaldar a los tres empleados.
De esta forma, los sindicatos inician las medidas de presión anunciadas tras no aceptar el Ayuntamiento la readmisión de los trabajadores y recurrir la sentencia.
Tal y como público este medio, una juez ha condenado al Consistorio por despido improcedente, por no haber subrogado el contrato de un empleado del anterior servicio de grúa. El motivo es que la Corporación, cuando estaba gobernada por PP y Decido en marzo de 2015, rescindió el contrato con la empresa que venía prestando el servicio desde 2007 al finalizar el mismo, sin sacar a licitación un nuevo contrato y asumiendo de facto, aunque de forma irregular, el servicio, sin la consiguiente subrogación de sus tres trabajadores a la que obliga la ley. Los otros dos trabajadores despedidos están pendientes de juicio y todo apunta que correrán la misma suerte.
Por ello, el sindicato policial SPPLB mantuvo la pasada semana una reunión con el actual alcalde, Benjamí Soler (Compromís), y le pidió la readmisión de los tres trabajadores y la municipalización del servicio, «para que se pueda volver a prestar en condiciones óptimas y no en precario como actualmente, impidiendo a la Policía Local poder realizar con plenitud las funciones en materia de tráfico y seguridad vial». Los sindicatos de la Policía Local anunciaron además que en caso de no solucionarse este tema favorablemente para los tres trabajadores, emprenderían movilizaciones. A pesar de esto, Soler anunció el jueves que habían recurrido el fallo judicial, y los sindicatos han respondido con una movilización para el pleno.
Moción
Precisamente Esquerra Unida lleva a este pleno una moción para acordar la readmisión de los tres empleados y municipalizar el servicio de grúa. Hay que recordar que PSOE y Compromís, que hace año y medio votaron a favor de esta medida en pleno, ahora están en el gobierno. El alcalde ya ha manifestado que tiene la obligación de defender los intereses del Ayuntamiento y recurrir la sentencia judicial, mientras estudian cómo gestionar este servicio, directamente o bien sacando a licitación, recordando además que este tema es una «herencia»del PP.
