El retraso en adjudicar el contrato de Uniformidad para la Policía Local ha generado que agentes de San Vicente del Raspeig estén patrullando con zapatos rotos y con la ropa desgastada. A pesar de que hay una normativa municipal que obliga a reponer el material necesario, en la práctica no se está realizando.
El contrato de suministro de uniformidad básica de la Policía Local está sin formalizarse desde hace meses y los agentes están obligados a llevar el vestuario desgastado. En algunos casos el calzado y las prendas de vestir están en mal estado por el uso e incluso rotos. Fuentes policiales reconocen que en algunos casos han tenido que recurrir a la compra de prendas básicas que deberían entregarse de forma habitual.
En el caso de los zapatos, se cambian tanto en invierno como en verano, al igual que los polos y los pantalones, mientras que las botas se sustituyen cada cuatro años. Pero eso al menos en la teoría que marca el Reglamento de Vestuario de Trabajo del Ayuntamiento ya que actualmente no se está cumpliendo esta obligatoriedad.
Este lunes finalmente salía a licitación el contrato después de que el procedimiento anterior se rechazó porque una vez hecho el pliego los uniformes no se ajustaba a los requisitos técnicos mínimos necesarios, eran de una calidad inferior a la requerida.
Este es de otro de los contratos que se ha caducado en el Ayuntamiento de San Vicente sin que haya otro inmediato para evitar el vacío y que el servicio se vea mermado.
Al menos hasta dentro de dos meses no se abrirán las plicas para conocer las empresas que optan a este contrato que tiene un valor de 77.300 euros. Y a continuación se tiene que producir la adjudicación. Sobre esta circunstancia y la fecha en la que podrán los agentes reponer su vestuario preguntará el edil de Ciudadanos, Serafín Serrano, que denuncia que se están multiplicando los problemas en la licitación de contratos.
91 euros por mover la grúa
De la misma forma, el Ayuntamiento carece de contrato para el servicio de la grúa por lo que se paga por servicio realizado. Ello implica que los agentes dejan de patrullar como hasta ahora en el vehículo y tienen que llamar a la empresa para solicitar una grúa en el caso de que un coche obstaculice un vado o tengan que mover un vehículo por otras circunstancias como un accidente. Pero ahora dependen de su disponibilidad. El Ayuntamiento paga 91 euros por cada movimiento que hace la grúa, por lo que se ha restringido también su uso.
La concejal de Seguridad, Maribel Martínez, aseguró ayer que el servicio de grúa en San Vicente «está garantizado». Y explicó que el pliego de condiciones definitivo está en el departamento de contratación desde el 29 de septiembre para la tramitación del correspondiente contrato. «Qué ha ocurrido desde entonces es algo que corresponde responder al departamento de Contratación».
Mientras la edil aludida, Auxi Zambrana, insiste en que su área no tiene nada que ver en el retraso y que se debe a que «se hicieron mal los informes técnicos y se tuvo que anular el procedimiento».
