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Sant Joan estudia la revocación de licencia del crematorio

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento valoran la solicitud de anulación de la autorización municipal

El Ayuntamiento estudia revocar la licencia de apertura del crematorio. isabel ramón

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant estudia solicitar por vía judicial la revocación de la licencia de apertura a la empresa propietaria del crematorio que se ubica en el municipio.

Tras la celebración de la última reunión entre representantes del equipo de gobierno y miembros de la Plataforma Anticrematorio, los concejales de Sanidad y Medio Ambiente, Esther Donate y Sergio Agueitos, han solicitado a los servicios jurídicos municipales que emitan un informe para determinar los pasos a seguir para conseguir anular la concesión de dicho permiso.

Según Agueitos, en la sentencia que el pasado 6 de septiembre emitió la titular del juzgado número 4 de Alicante y que apoyaba el cierre cautelar de la incineradora decretada por el Ayuntamiento hace más de un año, «la juez reconoce que sí es posible la revocación», por lo que «esto abre una puerta» para conseguir el cierre definitivo de la planta.

La concejal de Sanidad manifestó que, en la próxima comisión sobre el crematorio, que está programada para el 1 de diciembre, se entregará un documento a los afectados con las valoraciones del equipo jurídico del Ayuntamiento.

Otra posibilidad que el Consistorio está barajando es la petición de la revisión de oficio de la concesión de la licencia de actividad del horno. «Hemos pedido a la Abogacía de la Generalitat que haga un informe, teniendo en cuenta el conocimiento de las irregularidades de la empresa y que valore la revisión de oficio».

Por su parte, desde la Plataforma contra el Crematorio solicitaron al Ayuntamiento «que mueva ficha y utilice los mecanismos jurídicos que tiene» para conseguir el cierre definitivo de la incineradora. «El Ayuntamiento tiene los mecanismos legales para solucionar este tema de salud pública. En año y medio no han hecho nada, sólo buenas palabras. Palabras que no se corresponden luego con los hechos y que el tiempo desmiente», añadieron.

Para los afectados, «todo acto de una administración puede ser revocado si está debidamente argumentado», por lo que esperan que el Consistorio tome «alguna iniciativa tendente a resolver este problema y cumpla con el acuerdo de investidura».

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