El pleno de San Vicente del Raspeig aprobó ayer de forma extraordinaria, y por segunda vez en poco más de un año, una modificación de crédito para pagar 41.000 euros en concepto de productividad a la Policía Local y personal de Mantenimiento por servicios realizados en las fiestas. Una hora llevó debatir este punto del orden del día del pleno de octubre que evidenció, de nuevo, la profunda brecha que existe en el cuatripartito formado por PSOE, Guanyar, Compromís y Sí Se Puede. Y el colofón fue la petición que hizo el portavoz socialista, Manuel Martínez, para que dimita de su cargo de concejal de Recursos Humanos su compañera de equipo de gobierno, Auxi Zambrana, de Sí Se Puede. «Por coherencia, mañana mismo la concejal debe de poner su cargo a disposición del alcalde, porque hemos sido otros los que hemos resuelto el problema». Y el propio alcalde, Jesús Villar, destacó su «incapacidad» para encontrar una solución.
Fue el primer edil el encargado de defender el punto y no la concejal del área, puesto que Zambrana y su grupo iban a votar en contra al considerar que «se está cometiendo una ilegalidad» porque advierten de que se supera el techo de gasto y que hay un informe de Intervención que es contrario a este desembolso extraordinario. PSOE y Guanyar defendieron el abono «porque hay que pagar por un trabajo que ya han realizado los empleados», recordando que es un pago recogido en el convenio firmado en 2014. Y advirtieron que otro informe de los servicios jurídicos sí considera que es posible el incremento. El portavoz de Guanyar, Alberto Bevià, se mostró muy duro con su compañera de equipo de gobierno a quien acusó de «no haber hecho los deberes y no presentarse al examen». Y mostró su disgusto por la acusación de que estaban votando una «ilegalidad»: «Me parece excesivo que en un pleno se usen estos términos, lo que hoy nos trae es habilitar un crédito para pagar a los trabajadores que ya han realizado su trabajo». El punto salió adelante con la abstención del PP y de Ciudadanos, que recalcaron que la edil ha sido incapaz de negociar con los sindicatos; mientras Compromís y Sí Se Puede votaron en contra.
El salón de plenos se llenó de partidarios de Podemos, fácilmente reconocibles por su camiseta morada y su logo, que arropaban a la concejal de Recursos Humanos; y por funcionarios y sindicalistas que esperaban, como así fue, que el punto para lograr el pago se aprobara.
La tensión era evidente. Y se cruzaron insultos y aplausos con las intervenciones de unos y otros. A petición del portavoz de Sí Se Puede, que exigió que se cumpliera el reglamento del pleno que prohíbe las manifestaciones de cualquier tipo, el alcalde pidió desalojar el pleno cuando se aprobó el punto y un grupo de personas sacó pancartas pidiendo la dimisión de la concejal. Algo que la edil afirma, no va a hacer. Y lo hizo acusando de presiones para sacar adelante este pago extraordinario por parte de sindicatos y de miembros del equipo de gobierno «que me decían que ahí no me debía de meter».
