El pleno del próximo martes 25 de octubre va a ser, como poco, el pulso de la realidad del cuatripartito que gobierna San Vicente del Raspeig. Y de nuevo, la evidencia de que hay discrepancias entre el equipo de gobierno compuesto por el PSOE, Guanyar, Compromís y Sí Se Puede. Y todo por un nuevo golpe de efecto del alcalde, Jesús Villar, que ha tomado una decisión saltando a la concejal responsable del área.
De entre los no muy numerosos puntos a tratar en la sesión plenaria, llega uno que arrastra una polémica interna desde hace meses y que con esta maniobra va camino de ser una bomba en el gobierno.
El alcalde sanvicentero, el socialista Jesús Villar, ha presentado una propuesta al pleno en la que asigna la cantidad de 41.300 euros para poder afrontar el pago del complemento de productividad de los funcionarios municipales. En este caso se trata de los pagos que se tienen que realizar a la Policía Local y a la brigada de servicios y mantenimiento por trabajos realizados fundamentalmente en días festivos.
El alcalde rubrica la propuesta saltándose de este modo a la concejal de Personal y Recursos Humanos, Auxi Zambrana, de Sí Se Puede, quien lleva meses negociando con los sindicatos, que exigen a su vez que se cumpla el convenio que tienen suscrito.
La concejal reconocía a principios de esta semana que «falta dinero para pagar la productividad y tenemos que basarnos en los presupuestos y los informes para no cometer delito», advertía. Las relaciones con los sindicatos no han sido buenas desde el principio y estos han pedido en varias ocasiones la dimisión de la edil, quien ahora se ha visto desautorizada por el alcalde.
La propuesta cuenta con el informe en contra de la Interventora Municipal. Pone reparos y considera que plantea un aumento de 41.300 euros a un importe ya aprobado en los Presupuestos de 2016 para los pagos a los funcionarios. Algo que no puede hacerse basándose en que supera los máximos que fija la Ley de Presupuestos del Estado, que es rebasar en un 1% las retribuciones de personal respecto a las del 31 de diciembre de 2015. «Los criterios de productividad se establecen para distribuir, no para modificar una cantidad previamente fijada», advierte en su informe la interventora.
Asesoría Jurídica municipal
Por contra, el expediente consta de un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento favorable que considera que es posible que la situación excepcional que se produjo en septiembre del año pasado, una aprobación también de productividad, para poder pagar también se puede dar éste al considerar que también se dan unas circunstancias especiales.
Ahora falta que salga adelante en el pleno. Además del voto afirmativo del grupo socialista, que apoyará en el pleno la propuesta del alcalde; también el grupo Guanyar ha mostrado su decisión de dar el visto bueno a este pago. El concejal de Hacienda y miembro de esta formación, Alberto Bevià, apunta tres razones: «El dinero está en el Capítulo 1, el de Personal; el trabajo está hecho y no se le puede negar al trabajador un derecho; y no hacemos más que cumplir el convenio aprobado y que está en vigor». El edil de Hacienda advierte de que no se supera el 1% de la regla de gasto a la que alude la Ley «porque de hecho ese dinero está». Y quita importancia al informe de Intervención. «Pone reparos, como en muchas otras cosas. Es un dinero que se debe a los funcionarios y que hay que pagar».
Por su parte, Compromís todavía no tiene claro el sentido de su voto en el pleno . El portavoz Ramon Leyda explicó que tienen pendiente celebrar una ejecutiva local previa al pleno en la que «decidiremos mediante consenso y observando pros y contras, cuál será el sentido final del voto».
Recalca que «serán decisivos los informes finales para tomar una decisión responsable y coherente».
