2.470.060,83 euros. Esa es la cantidad exacta que una sentencia judicial obliga a pagar al Ayuntamiento de Mutxamel a la empresa que realizó las obras para la impulsión de agua en la urbanización Valle del Sol.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando el Partido Socialista, que en esa época se encontraba al frente del Consistorio mutxamelero, firmó un convenio con una mercantil para que llevase a cabo los trabajos de suministro de agua potable en Valle del Sol a cambio de adquirir, en un plazo de tres años, la condición de urbanizador del Sector J.
Tras la firma de la recepción de las obras en 2009, el Ayuntamiento modificó una cláusula del convenio en la que se especifica que los tres años para conceder a la empresa la condición definitiva de urbanizador deberían de contarse desde la fecha de finalización de los trabajos y no desde la firma del contrato. Una modificación unilateral con la que la empresa no estaba conforme y que provocó el inicio de un contencioso a finales del 2010.
Seis años después y tras un recurso de apelación del Ayuntamiento de Mutxamel en septiembre de 2014, la sentencia obliga a pagar al Consistorio alrededor de 2,5 millones de euros a la mercantil por las obras realizadas.
En concreto, la reclamación del coste de los trabajos de bombeo e impulsión de agua potable desde el depósito de El Salt hasta Valle del Sol asciende a un total de 1.961.054 euros, una cantidad que casi triplica el importe de 744.970 euros que se estipula en el convenio firmado en 2006.
Según el edil de Hacienda de Mutxamel, Jose Vicente Cuevas, «no consta ningún acuerdo municipal de aprobación de dicha cuantía final», por lo que el Ayuntamiento desconoce quién autorizó el incremento del coste. Asimismo, Cuevas explicó que al tratarse de unas obras de tuberías soterradas, el Consistorio se tiene que «fiar de los documentos aportados por la mercantil». Pero esta no es la única irregularidad que el concejal destaca en este procedimiento urbanístico, y es que, según Cuevas, se desconoce quién supervisó la ejecución de los trabajos porque «no hay ningún técnico municipal que firme la recepción de la obra en 2009».
Pago
El pasado pleno aprobó el pago de los cerca de 2.5000.000 euros ya que, tal y como afirmó Cuevas, «al Ayuntamiento no le queda más remedio que asumir la sentencia». Según el edil de Hacienda, el Consistorio «tenía en mente» esta resolución judicial y «por prudencia» guardó cerca de dos millones de euros de los tres millones del remanente del presupuesto de 2015. «Ahora el Ministerio tiene que autorizar que se utilice el remanente y para lo que falta se hará una modificación de crédito», aclaró el edil popular.
«Todos los grupos han pedido que se depuren responsabilidades y que se envíe toda la documentación a la Fiscalía», confirmó el concejal de Hacienda. Así, el alcalde del municipio, Sebastián Cañadas, convocará próximamente una Junta de Portavoces para esclarecer cuáles son las medidas que se van a tomar.
