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La juez da la razón al Ayuntamiento de Sant Joan por el cierre cautelar del crematorio

El fallo advierte de que ASV no ha acreditado haber adoptado las medidas correctoras

La juez da la razón al Ayuntamiento de Sant Joan por el cierre cautelar del crematorio

Se ha hecho esperar. Casi tres meses desde que quedó visto para sentencia. Finalmente la juez del Juzgado número 4 de Alicante ha fallado desestimar el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa ASV Funeser SL contra el acuerdo del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. Y le obliga a pagar las costas del juicio. El 16 de enero de 2015 el pleno votó a favor del cierre cautelar del crematorio instalado en el municipio que generaba desde hace años controversias y protestas vecinales.

En una contundente sentencia, la magistrada advierte de que el Ayuntamiento es el órgano competente en materia de medio ambiente urbano y salud público para adoptar la decisión, ya que se basó en un informe «preceptivo y vinculante de la Dirección General de Salud Pública de 3 de noviembre de 2014 desfavorable a la puesta en marcha de la actividad». A la vez, la resolución deja claro que no queda acreditado que la empresa que gestiona el crematorio hubiera adoptado las medidas correctoras que se le propusieron.

El fallo judicial apunta que queda probado por los informes aportados por la Administración tanto la agresión ambiental con sustancias contaminantes en el entorno del crematorio como el perjuicio para la salud de los ciudadanos próximos a la zona. Y toma en consideración la declaración del jefe de Sanidad Ambiental de la Conselleria de Sanidad que manifestó «con rotundidad que la actividad proyectada producía cáncer y efectos subcrónicos».

El exalcalde de Sant Joan d'Alacant, el popular Manuel Aracil, a la cabeza del Ayuntamiento cuando se decidió el cierre cautelar, aseguraba haber estado tranquilo todo el tiempo porque esperaba la resolución positiva. «Tomamos una decisión en la misma línea que los informes técnicos , eso no puede ser prevaricación». A la vez, también tuvo palabras para el PSOE, cuyos siete concejales salieron del pleno y no votaron el cierre cautelar. «El PSOE tuvo pavor y salió huyendo y eso le dio fuerzas a la empresa para recurrir nuestra decisión», declaró Aracil, a quien fue el propio alcalde de Sant Joan, el socialista Jaime Albero, quien ayer le comunicó el resultado de la sentencia.

El alcalde de Sant Joan por su parte declaró que el fallo «es un espaldarazo para el Ayuntamiento, porque lo primero era defender los intereses del Ayuntamiento y del pueblo». Albero se sentía especialmente contento porque la sentencia respalda a los concejales contra quienes el crematorio ha pedido que respondan con su patrimonio sobre el resultado de la sentencia si esta era positiva a sus intereses. El alcalde santjoaner se mostró a la vez cauto puesto que la sentencia es recurrible.

«Cumplen la legalidad»

Y de hecho, ASV Funeser anunció ayer a través de un comunicado que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana este fallo al considerar que sus instalaciones cumplen la legalidad. Asegura que «se han implementado las medidas correctoras y así está reconocido por la propia Dirección General de Calidad Ambiental que en documento aportado en autos manifestaba que se habían realizado dichas medidas». La empresa insiste en que «no tienen validez alguna las pruebas realizadas en una instalación distinta a la del crematorio de San Juan», ya que se tomaron en su crematorio de Elche, e insisten en la falta de competencia del ayuntamiento para la adopción de la medida cautelar que afirman, tiene su apoyo jurídico en una sentencia firme del TSJ y otra del juzgado de lo contencioso número 3 de Alicante que resolvieron a su favor.

Por su parte, la Plataforma contra el Crematorio manifestó ayer su satisfacción por esta sentencia; y advirtieron que su objetivo es «el cierre total». Mientras desde Compromís, el edil Sergio Agueitos mostraba su satisfacción ya que «reconoce la competencia inspectora del Ayuntamiento» y añade que «es una constatación que los concejales de Compromís, PP y EU actuaron defendiendo la salud pública».

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