La Cala Lanuza de El Campello lleva ya más de una década asediada por una obra que permanece paralizada desde hace ocho años, y que está afectando a la accesibilidad y seguridad de su entorno, así como a la propia playa, según denuncian los vecinos.
Por ello, tras frustrarse el pasado año la venta de los 127 apartamentos turísticos inacabados a un grupo americano para proceder a su finalización, ya que la promotora Enypesa se encuentra en concurso de acreedores, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para ejecutar subsidiariamente la urbanización del entorno y acabar con estos problemas. Eso sí, se trata de un proceso complejo debido al proceso de liquidación en el que se encuentra la constructora, lo que dificulta la incautación de los avales depositados por el proyecto, que suman 500.000 euros, según explicaron desde el equipo de gobierno.
Para ello, el Consistorio tiene que ejecutar de forma forzosa la urbanización del entorno, instalando aceras, alumbrado, habilitando el acceso a la cala, que actualmente sigue siendo de tierra... un proyecto que hace diez años se estimaba en un coste de unos 400.000 euros, aunque ahora hay que revisar para actualizar su importe, según explicó la edil de Territorio, Mari Carmen de Lamo, en sesión plenaria.
Lo cierto es que esta zona vive en obras desde que arrancaron estos polémicos trabajos en 2005, en primera línea de playa y con un exceso de altura que fue posteriormente legalizado. Durante estos meses de verano, la situación para acceder a la cala es realmente complicada y peligrosa. En la calle Altea, que da acceso al camino que baja a la cala, en el lado de la playa están a medio hacer las aceras y los coches aparcan encima. Decenas de vehículos estacionan en las estrechas calles de la zona, e incluso hay un punto, en el cruce con la calle Calp que da acceso a la N-332, donde no hay aceras en ningún lado de la calle y los bañistas «se la juegan» por la calzada. De ahí que reclamen presencia policial en la zona, sobre todo ahora en verano, ya que ni siquiera existe un paso de peatones para cruzar la calle e ir a una cala que es frecuentada por centenares de personas al día.
Además, los residentes advierten de que restos de las obras paralizadas, como ladrillos, maderas o grava, acaban en la playa, y que el acceso de tierra se convierte en impracticable cuando llueve. Por todo ello reclaman al Consistorio celeridad en finalizar las obras.
Desde el tripartito manifestaron que han reiniciado el proceso de ejecución subsidiaria puesto en marcha por la anterior Corporación en 2013, debido a que la promotora está concurso de acreedores. Pese a que se presentaron tres proyectos, para una depuradora de aguas residuales en La Mercé, para las zonas verdes de las calles Altea y Volador y para la urbanización de la franja litoral, en el Consistorio sólo constan tres avales sobre el segundo proyecto, que suman 500.000 euros y se emplearán para urbanizar el entorno. Pero la edil De Lamo advierte que ese aval bancario se requerirá tras ejecutar de forma subsidiaria la obra, y que el concurso de acreedores obliga a un procedimiento más complejo que en otros casos.
Por ello, para poder realizar la obra, previamente el Consistorio necesita incluir en los presupuestos el coste de la actuación, por lo que el tripartito quiere que las cuentas de 2017 contemplen esta partida, aunque hay que recordar que el equipo de gobierno requiere del respaldo de parte de la oposición para sacar adelante unas cuentas que están prorrogadas desde 2014.
