Con la idea de que una imagen vale más que mil palabras, vecinos de San Vicente del Raspeig han colaborado en una campaña del grupo popular en la oposición para denunciar suciedad en el municipio. Unos niveles que considera «alarmantes» especialmente en la época del año de más calor. En apenas cinco días se han recogido decenas de imágenes de todo el municipio en el que queda reflejado que es necesario un refuerzo de la limpieza.
La concejal popular Mercedes Torregrosa señala que desde hace tiempo «nos llegan quejas de diferentes zonas y de asociaciones y vecinos y nos parece alarmante que en las calles los contenedores estén sucios, hemos observado que pasan diez y quince días y las manchas siguen en el mismo sitio, cacas de perro en las aceras sucias y con olor a orín».
La concejal exige que se extreme la limpieza y denuncia que «hay un equipo de gobierno que debe velar por la salubridad. No puede ser que los contenedores huelan durante todo el día. Y ahora mismo las condiciones son de poca higiene». Y arremete contra la concejal responsable, Mariló Jordá, a quien acusa de «no pasearse por el municipio». A la vez, le recrimina que puso en marcha una campaña muy agresiva bautizada como Poca Vergonya pero a su juicio no da resultados.
Con distinas imágenes, los vecinos han criticado que en el centro histórico la falta de limpieza es especialmente notable. Algo que para el grupo popular es también un signo preocupante, puesto que es el principal escaparate de San Vicente del Raspeig en pleno verano. «Es una zona turística en el que hay muchos bares y terrazas, en la calle Colón, en la calle Mayor, detrás de la iglesia hemos encontrado papeleras sucias, helados derretidos, todo esto deteriora la imagen del municipio y lo que hay que exigir a la contrata de limpieza es que realice baldeos extraordinarios, porque lleva meses sin llover».
Para la edil de Servicios Públicos esta denuncia es «una desfachatez» y critica que se está generando una alarma con el estado de la limpieza que considera, no se corresponde con la realidad. «Estamos ceñidos a un contrato que el PP firmó con la concesionaria en 2012. Se controla estrictamente por parte de los funcionarios las frecuencias de barrido y baldeo que contiene este contrato», advierte; y denuncia que los populares con estas críticas «piden a gritos una subida de la tasa y modificar la contrata».
