Las comisiones sobre el caso Psiconox ya han llegado a su fin. Ayer se celebró la cuarta y última en la que todos los partidos políticos acordaron que, desde el punto de vista jurídico, administrativo y procedimental, no se aprecian irregularidades en los contratos que la ex concejala de Sanidad de Compromís adjudicó a la empresa Psiconox.
Sin embargo, el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, mantendrá la revocación de las delegaciones a la edil Isalia Gutiérrez, ya que para el PSOE, «ha quedado demostrado que existía una relación previa, patente y manifiesta entre el portavoz municipal de Compromís, Ramón Layda, y el presidente de Psiconox, Jorge Pérez». Desde la formación socialista aseguraron que «Isalia Gutiérrez, a pesar de se conocedora de que Pérez era miembro del partido, lo ocultó al resto de grupos del equipo de gobierno y al alcalde, y continuó adjudicando contratos a Psiconox».
Asimismo, el PSOE explicó que la comisión no se creó para juzgar la legalidad de las actuaciones del caso Psiconox, sino para centrarse en los aspectos de ética pública y responsabilidad política. Dos aspectos que el alcalde considera que Gutiérrez ha vulnerado, lo que ha supuesto una pérdida de confianza en la ex regidora de Sanidad.
Esta decisión definitiva del alcalde socialista abre una nueva grieta en el cuatripartito de San Vicente. Para la concejal portavoz de Compromís, Begoña Monllor, ayer quedó demostrado que la actuación de Gutiérrez fue «totalmente legal», por lo que entiende que «la destitución de Isalia se basa en criterios políticos y tiene el objetivo de echar a Compromís del equipo de gobierno».
«Entendemos que la destitución tiene que venir avalada por criterios legales y si la decisión del alcalde era irrevocable no sé para que se constituyó la comisión», explicó Monllor. Es por esto por lo que los miembros de Compromís se reunirán con los servicios jurídicos del partido para valorar cuáles serán sus próximos pasos.
En cuanto a los otros miembros del cuatripartito, David Navarro, portavoz de Guanyar afirmó que cada partido cuenta con un reglamento interno. «No somos nadie para imponer un código ético propio de un partido concreto», declaró el edil.
Alberto Beviá, concejal de Sí Se Puede, tampoco quiso ahondar en la vertiente ética del asunto: «No nos atrevemos a manifestar si ha sido ético o no porque no hay documentos que lo acrediten».
El Partido Popular, muy cerca de la perspectiva del PSOE, consideró que la relación entre el presidente de Psiconox y los miembros de Compromís «ha quedado patente, lo que supone una contradicción entre los principios que defendían cuando estaban en la oposición y los que defienden ahora». Asimismo, desde el PP valoraron que «se ha vuelto a poner de manifiesto la profunda fractura que hay entre los grupos del cuatripartito».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Serafín Serrano, opinó que «el alcalde ha actuado dentro del marco de sus competencias, unas competencias que fueron otorgadas por el equipo de gobierno del que también forma parte Compromís». Además, Serrano añadió que «la confianza es una cuestión muy subjetiva».
La última comisión de Psiconox también acreditó ayer la adecuada supervisión en la adjudicación de los contratos por parte de los técnicos municipales.
El equipo de gobierno de San Vicente acordó ayer la elaboración de un catálogo de normas a modo de código ético para llevar a cabo una buena gestión pública y evitar que estos casos se vuelvan a repetir.
