Josefa, de 74 años, se quedó con el tratamiento a medias, tras haber invertido 8.000 euros. Francisco José financió hasta 12.000 euros para distintas intervenciones que requería su salud bucodental. En el caso de Antonia fueron 3.000 euros, por un puente para el que tenía cita dos días después del cierre de una clínica dental en San Vicente del Raspeig.

Historias como éstas se repetían a las puertas del establecimiento. Estaba previsto, tal como indicaba un cartel en la fachada de la consulta días atrás, que el periodo vacacional que había motivado el cierre de esta clínica el 17 de mayo concluyera ayer, 1 de junio. Sin embargo, la persiana continuó echada, tal como suponían los afectados, unos 70 que llegaron a reunirse ayer a primera hora. Tras la confirmación del cierre definitivo -actualmente hay un nuevo cartel que sólo indica «cerrado por vacaciones» sin referencia a fecha alguna-, los pacientes anunciaron que presentarán las correspondientes denuncias y exigieron, sin demasiadas esperanzas, que se les devuelvan sus historiales médicos. Este documento es fundamental para continuar con sus tratamientos en otras clínicas.

La incertidumbre fue la tónica general de esta improvisada concentración. Los pacientes se preguntaban unos a otros por sus respectivos casos, tanto a nivel de tratamiento sanitario como de condiciones de contrato y financiación, con el único objetivo de buscar una solución a lo que consideran «una estafa».

Pasos a seguir

Antonio, otro de los perjudicados, se dedicó a apuntar los nombres y datos de contacto de los afectados para en los próximos días poder organizarse, recabar información y presentar, previsiblemente denuncias tanto colectivas como individuales contra el propietario de esta clínica. Como se ha publicado, esta consulta, que era una franquicia de Vitaldent, cambió recientemente su nombre y se desvinculó de la marca poco después del escándalo de la cadena a nivel nacional. «Sabemos que no van a abrir, los empleados están igual que nosotros, no saben nada y no les han pagado y también van a denunciar, es una vergüenza», manifestó ayer una de las pacientes al tiempo que subrayó: «Queremos que nos devuelvan nuestro informe médico, no puedo quedarme así, tendré que volver a pagar para que me terminen el tratamiento».

Ante el tumulto de gente, unas 70 personas llegaron a reunirse a las puertas de la clínica que se encuentra a la entrada del municipio, dos agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar para informar a los pacientes de que debían pedir permiso previo para celebrar una concentración. «Encima que nos estafan nos dicen que no podemos reunirnos», se quejaban los afectados. Un grupo de personas explicó a los agentes que no se trataba de una manifestación, sino que simplemente habían acudido a la clínica ante la previsión de que abriera nuevamente sus puertas.

Los afectados tienen previsto reunirse hoy con abogados del municipio para saber cuáles serán los pasos a seguir y si existe alguna solución ante la suspensión de sus tratamientos.

Este periódico intentó ayer, sin obtener respuesta, ponerse en contacto con los responsables de la clínica de San Vicente.