El gobierno cuatripartito del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se comporta como un matrimonio mal avenido. Sus desavenencias crecen, se ha traicionado la confianza de los miembros pero el matrimonio no acabará en divorcio. La tensión desde el pasado viernes entre los miembros del gobierno es palpable desde que el alcalde, Jesús Villar, anunció que le quitaba las competencias a la edil de Compromís, Isalia Gutiérrez. Para el resto de socios de gobierno, Guanyar y Sí se Puede, el hecho de que se hiciera sin informarles ni consultarles antes ha sido lo más criticable y consideran que se ha vulnerado el pacto de gobierno que rubricaron a cuatro bandas. Lamentan la falta de información y que no se les han enseñado los documentos en los que se basan para advertir irregularidades en los contratos que suscribió la Concejalía de Sanidad con la asociación Psiconox integrada por un miembro de Compromís que ofrecía charlas y talleres.

Mientras que el primer edil se reafirmaba ayer en haber hecho lo correcto al apartar a Gutiérrez de sus competencias sin contar antes con sus socios. «Los pasos fueron lo que tenían que ser, primero se lo dije a la interesada y a su grupo. Fue una decisión sin vuelta atrás», explicaba ayer Villar, y se reafirmaba: «¿Qué habría pasado si la opinión de los otros grupos no coincide con la del alcalde?». Villar aclara que no se le ha pedido el acta de concejal «únicamente se le aparta de sus funciones al observar una irregularidad» y a la vez afirmó que «no tengo la impresión de que se vaya a romper el cuatripartito».

«La línea es clara y no se puede traspasar y esto es trocear un contrato y dárselo a un amigo y yo no lo voy a permitir. Esto es un aviso para los socios. Quien pretenda ir por esa línea me tendrá enfrente», advertía Villar.

La fortaleza del alcalde chocó con los reproches de Guanyar y Sí se Puede, que piden una comisión de investigación, como ya la solicitó el grupo afectado, Compromís, un día antes. A ellos se sumó el grupo Ciudadanos en la oposición, cuyo portavoz, Serafín Serrano, además de participar en dicha comisión exigía también tener acceso a la documentación «que argumente el decreto del alcalde para posicionarnos».

Sí se Puede considera que se debe estudiar con urgencia conocer la «legalidad y ética» de la actuación de la exedil de Sanidad. Reprochan al PSOE el actuar unilateralmente y no informar en la reunión semanal del equipo de gobierno y lamentan que Compromís era quien tenía que tener la oportunidad de tomar las medidas pertinentes.

La portavoz de Guanyar, Mariló Jordá, consideró «una deslealtad hacia el resto de socios de gobierno que el alcalde no nos haya comunicado previamente su decisión» y a la vez, pide que la comisión que investigará los contratos de la Concejalía de Sanidad se remonte hasta 2011, en la época popular, «porque los ciudadanos deben de saber cómo se contrataba y cómo se contrata ahora. En esa comisión se sabrá quién ha instigado todo esto».

A pesar de la crisis interna, Jordá tampoco cree que sea el paso para romper el gobierno a pesar de que el pacto que sustenta el gobierno cuatripartito se basa en que cualquier decisión debe tener el visto bueno de al menos tres de sus cuatro miembros.