Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para El Campello. El tripartito va a iniciar de inmediato los trámites para la elaboración de un nuevo documento tras tumbar el Tribunal Supremo el pasado mes el planeamiento aprobado en 2011.
A pesar de que el próximo lunes el Ayuntamiento de El Campello tiene previsto presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la medida, que incluirá además la petición de la suspensión cautelar de la anulación hasta que resuelva la sala, la Corporación quiere cubrirse las espaldas y trabaja ya en un nuevo documento, según explicó el alcalde Benjamí Soler (Compromís) y la edil de Urbanismo, Mari Carmen de Lamo (Partido del Campello-Podemos).
Lo que tiene claro el tripartito es que no se puede seguir con el planeamiento de 1986, ahora vigente como consecuencia de la sentencia pese a estar obsoleto y desfasado, ni siquiera a base de modificaciones puntuales, y por otra parte tratar de «parchear» el anulado para volverlo a llevar a aprobación y salvarlo tampoco lo ve viable.
Por ello, siguiendo el consejo de la Generalitat, se van a poner manos a la obra en un nuevo PGOU, una empresa que por otra parte durará años. Como mínimo un lustro, según diversas fuentes municipales, aunque posiblemente serán más. El de 2011 tardó una década en ver la luz, contando además el equipo de gobierno del PP con una cómoda mayoría absoluta -salvo el año y medio del tripartito de Marita Carratalá-, nada que ver con la precaria situación del actual gobierno municipal (Compromís, Partido del Campello y Demòcrates), con seis ediles frente a los 15 de la oposición. Eso sí, desde la Conselleria de Territorio se han comprometido con el Ayuntamiento a darle la máxima prioridad en la tramitación del nuevo documento, dada la grave situación que ha generado el fallo judicial.
El equipo de gobierno ve en esta anulación una oportunidad de redactar un PGOU más sostenible y realista para El Campello, lejos del aprobado en solitario por el PP, que contemplaba la construcción de 20.000 viviendas nuevas, lo que comportaba cuadruplicar la población hasta las 100.000 personas, unas previsiones que llevaron a la entonces oposición (PSOE, Compromís y EU) a votar en contra y denunciar que era un PGOU basado en la burbuja inmobiliaria.
Centro comercial
Por otra parte esta semana el equipo de gobierno se ha vuelto a reunir con Profusa, agente urbanizador del centro comercial de El Messell y filial del holding murciano Fuertes, propietario de la cárnica El Pozo. Este proyecto se ha quedado en el aire con la anulación del PGOU pese a estar a punto de finalizar su tramitación para el inicio de las obras. Una posible suspensión cautelar de la sentencia por parte del TC permitiría desbloquear el plan, que contempla una inversión de 4,4 millones y que el tripartito se ha comprometido a intentar salvar.
Esta anulación del PGOU amenaza seriamente con paralizar la recuperación del sector de la contrucción en este municipio costero y bloquear proyectos de futuro, además de abrir la puerta a posibles reclamaciones patrimoniales de afectados por el fallo judicial.
