Habrá recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento de El Campello y la Generalitat preparan un escrito contra la sentencia del Supremo que ha invalidado el planeamiento aprobado de forma definitiva en 2011 por la propia Conselleria de Territorio, y que ha hecho que ahora mismo esté vigente el plan de 1986 y se hayan paralizado proyectos en marcha.
El recurso incluye solicitar como medida cautelar, mientras se resuelve el fondo de la cuestión, la suspensión provisional de la sentencia, con lo que volvería a estar vigente el PGOU de 2011 hasta que se pronunciara el Constitucional. Esto permitiría poder salvar proyectos en estado muy avanzado que se han visto paralizados por la sentencia y cuyo futuro ha quedado en el aire, como por ejemplo la construcción de un centro comercial dentro de la ampliación del polígono El Messell.
Esta actuación estaba a punto de poder iniciar las obras, ya que la reparcelación se encontraba prácticamente terminada y de haber estado aprobada, la sentencia no le habría afectado. La inversión prevista en esta obra, que generará un importante número de empleos, es de 4,4 millones de euros y se ubica junto a la carretera de Aigües. El Ayuntamiento ya se ha reunido con la promotora Profusa, perteneciente al holding murciano Fuertes, propietario de la cárnica El Pozo, y se ha comprometido ha intentar salvar este proyecto.
El alcalde Benjamí Soler explicó ayer que el recurso lo va a iniciar el Ayuntamiento y después se sumará a él la Generalitat, señalando que la Abogacía de la Generalitat ha concluido que es viable su presentación. Otra cosa es que llegue a buen puerto, pero el Consistorio quiere agotar la vía judicial para tratar de resolver un grave problema cuyo alcance aún es complicado de establecer, pero que amenaza con paralizar la recuperación de la construcción en el municipio y bloquear proyectos incluidos dentro del PGOU anulado.
Medida desproporcionada
Hay que recordar que contra la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer este mes no cabe recurso ordinario, por lo que la única vía judicial que quedaba era solicitar amparo al TC, ante un fallo que el Ayuntamiento considera totalmente desproporcionado, ya que anula todo el PGOU cuando lo que solicitaban los demandantes, -el restaurante Seis Perlas-, era que se cancelara la recalificación de su parcela en la playa del Carrerlamar, que pasaba a ser zona verde, por lo que su destino era la enajenación.
El Supremo tumbó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que había rechazado el recurso de los dueños de este conocido restaurante, basándose en que carecía de un estudio financiero-económico que garantizara la viabilidad de la expropiación que contemplaba el PGOU por parte del Ayuntamiento.
Este informe, aunque no lo exige la legislación valenciana, sí que se recoge en una ley estatal preconstitucional, y podría abrir la puerta a reclamaciones patrimoniales contra el Consistorio, con posibles indemnizaciones millonarias, y la posible anulación de planes generales de ordenación urbana en otros municipios por el mismo motivo, un estudio financiero que la Generalitat no contemplaba.
