Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). El Ayuntamiento de El Campello y la Generalitat se plantean pedir amparo al TC contra la sentencia del Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 que ha hecho que vuelva a estar vigente el aprobado en 1986, lo que deja en el aire numerosos proyectos para el desarrollo del municipio.
El alcalde Benjamí Soler (Compromís) y la edil de Urbanismo, Mari Carmen de Lamo (Partido del Campello-Podemos), junto con técnicos y letrados municipales, se reunieron ayer en Valencia con el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat, José Luis Ferrando Calatayud. El objetivo era abordar este fallo judicial que invalida la aprobación en 2011 por parte de la Conselleria del PGOU y decidir cómo actuar ahora para solucionar el tremendo problema en el que se ha metido el municipio, que amenaza con paralizar el sector inmobiliario en el municipio y deja en el aire importantes proyectos ya en marcha, como el centro comercial de El Messell.
El primer edil explicó tras el encuentro que «se están estudiando varias vías de actuación y de carácter urgente». Entre ellas figura la posibilidad de pedir amparo al Constitucional, ya que contra la sentencia no cabe recurso ordinario pero sí acudir al TC. Pero ello depende en un principio de la valoración que haga la Abogacía de la Generalitat, que está elaborando un informe sobre la viabilidad de este posible recurso, que se presentaría de forma conjunta entre Ayuntamiento y Conselleria.
Medidas urgentes
Igualmente Soler señaló que existen «instrumentos para poder seguir funcionando» y que el fallo judicial no paralice el municipio, destacando que hay «medidas de urgencia para por ejemplo en el caso del suelo urbano que ya lo era en el Plan General de 1986, que mantuviera las condiciones aprobadas en 2011».
En cuanto a subsanar las deficiencias del PGOU anulado para que volviera a ser aprobado en caso de no fructificar el recurso judicial, Soler se mostró más partidario en todo caso de hacer un nuevo Plan, aunque insistió en que van a seguir manteniendo reuniones y trabajando en este tema. El alcalde también resaltó el compromiso de salvar proyectos que ya estaban avanzados como el centro comercial de la ampliación del polígono El Messell, donde la empresa Profusa, del holding murciano Grupo Fuertes, propietario de la firma cárnica el Pozo, iba a invertir 4,4 millones y cuya tramitación para el inicio de las obras estaba a punto de acabar.
Benjamí Soler destacó la predisposición de la Conselleria para ayudar y asesorar al Consistorio y dar prioridad en las medidas que sean necesarias para abordar el problema que ha generado la anulación del planeamiento de 2011. «El compromiso de la Conselleria es total e iremos de la mano en este tema».
Posibles argumentos
Aunque se desconocen qué argumentos jurídicos podrían justificar el recurso, podría basarse en varios aspectos. Por una parte la desproporcionalidad del fallo, ya que por una demanda de un particular -el restaurante Seis Perlas- contra la recalificación de su parcela como zona verde se anula todo un Plan General porque no hay un informe económico que garantice la viabilidad económica de la enajenación. Además, el recurso no pedía anular todo el planeamiento, sino esa reclasificación concreta.
Por otra parte estarían los graves daños colaterales que va a generar este fallo, tanto a particulares como a empresas y proyectos en marcha. Del mismo modo la sentencia se basa en una ley preconstitucional que no se ha recogido posteriormente en otras legislaciones. Además, el fallo judicial puede abrir la puerta a una cascada de anulaciones de planes generales de otros municipios y reclamaciones patrimoniales.
El Ayuntamiento espera en los próximos días conocer la opinión de la Abogacía de la Generalitat para saber si es factible un recurso de amparo al Constitucional, para el que por otra parte tiene de plazo hasta principios de mayo.
