La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde de la localidad alicantina de El Campello Juan Ramón Varó (del Partido Popular) por un delito continuado de prevaricación.
El propio político se declaró culpable hace unas semanas en una comparecencia previa al juicio, que estaba señalado para el próximo 19 de abril, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que pedía inicialmente nueve años de inhabilitación para él, según aseguraron fuentes próximas al caso.
La sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, establece como hechos probados que el acusado prevaricó desde la Alcaldía entre junio y diciembre de 2008 al adjudicar por decreto varios contratos y autorizar el pago de facturas a tres empresas.
Al parecer, esas decisiones contravinieron los informes de los técnicos municipales y del Negociado de Intervención y Contratación del Ayuntamiento de la localidad, y supusieron para las arcas públicas cerca de 160.000 euros en su conjunto. En el fallo se hace constar que los gastos estaban relacionados con diversos espectáculos de fuegos artificiales o el montaje de la iluminación para las fiestas de la Virgen del Carmen, en julio, y las de Moros y Cristianos, que en El Campello tienen lugar en el mes de octubre.
Esas irregularidades fueron advertidas con posterioridad por la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, órgano este último que trasladó los hechos al Ministerio Público al entender que podían ser constitutivos de una infracción penal.
El juicio contra Juan Ramón Varó, que también ha sido diputado provincial por el PP en la anterior legislatura y ocupó la presidencia de varias empresas e institutos públicos dependientes de la Diputación de Alicante, se fijó inicialmente para febrero de 2015, pero sus problemas de salud obligaron a suspenderlo.
El tribunal señaló de nuevo la vista para el próximo 19 de abril, aunque unas semanas antes el político y su defensa llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para admitir los hechos y conformarse con rebaja de la pena de inhabilitación.
