Los ecos de la fallida instalación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en Sant Joan d'Alacant aún colean. Uno de los pasos previos a la reclamación del Ayuntamiento para recuperar el aval depositado va a ser analizar los desperfectos del inmueble que el Consistorio pretendía adquirir y que ha devuelto a la Generalitat; así como los gastos que ello comporta. Así se lo comunicó la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación Ángeles Cuenca, al alcalde, Jaime Albero, y al edil de Hacienda, Llorenç Román, durante la reunión mantenida con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y la directora general de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Empar Martínez.

Cuenca explicó que «como paso previo a cualquier posible solución, se realizarán un análisis de los desperfectos que ha sufrido el edificio, en desuso desde el año 2006, así como los gastos efectivamente producidos, derivados de la no realización de la operación». El alcalde y el concejal reclamaron el aval depositado por el Ayuntamiento en la que iba a ser la adquisición del edificio de la Residencia de Tiempo Libre. Y tras la reunión, fuentes municipales destacan que el objetivo es «trabajar de forma conjunta para establecer una estrategia común y consensuar la solución menos gravosa para ambas administraciones por el aval de 1.134.336,30 euros». Dicho dinero fue depositado para el proyecto por el que se iba a instalar en la localidad la UCAM.

Tras el encuentro en Valencia, los responsables santojaners señalaron que el conseller explicaba que se está trabajando de forma conjunta para que el equipo del actual Consistorio haga frente a las obligaciones contraídas por el anterior equipo de gobierno de la localidad con la Generalitat».

Asimismo, Ángeles Cuenca calificaba de «irresponsable» la actitud del anterior gobierno por no hacer frente al proyecto en el que se había embarcado.

El anterior equipo de gobierno decidió adquirir la antigua residencia de tiempo libre, que formaba parte del patrimonio de la Generalitat, por 4,5 millones de euros, para posteriormente cederla a la UCAM. Una operación que finalmente no se ha realizado.