El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig dio el visto bueno a la prohibición de contratar a la empresa Enrique Ortiz e Hijos SA durante los próximos dos años. El cuatripartito votó a favor mientras que el PP y Ciudadanos se abstuvieron. Un informe técnico municipal acredita que el hecho de que la empresa que construyó el aparcamiento del Ayuntamiento y debía explotarlo dejara unilateralmente de ofrecer el servicio ha provocado a San Vicente más de cinco millones de euros de perjuicio económico. La edil de Contratación, Auxi Zambrana, justificaba la decisión en que en el informe «han quedado acreditados los graves perjuicios para el Ayuntamiento».
El concejal popular Antonio Carbonell basó la abstención de su grupo en un principio de «prudencia». El edil explicó que hay una resolución judicial pendiente que debería hacer plantearse al Ayuntamiento el esperar por el riesgo que comportaría que una resolución judicial le diera la razón al empresario. «Entendemos que la utilización del perjuicio producido a los intereses públicos para establecer el plazo de duración de la prohibición de contratar, cuando este factor está impugnado por un recurso de apelación ante el TSJCV hace aconsejable que actuemos con prudencia», argumentaba Carbonell.
Mientras que la edil de Urbanismo, Mariló Jordá, explicó que esta actuación es fundamentalmente para «mandar un mensaje inequívoco de que el Ayuntamiento cumple con su parte y las empresas deben hacerlo con la suya».
