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Sant Joan d'Alacant

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias contra el crematorio

El órgano judicial analizará si las emisiones son nocivas y si la apertura se realizó sin tener en cuenta los riesgos

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias contra el crematorio

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente ha decidido abrir diligencias informativas contra el polémico crematorio ubicado en Sant Joan d'Alacant tras una denuncia vecinal. Así, el órgano judicial investigará si las emisiones son perjudiciales para el medio ambiente y para la salud de las personas. Asimismo, examinará si el comienzo de la actividad de la incineradora se realizó sin tener en cuenta estos riesgos.

Esta apertura de diligencias es el resultado de una solicitud que la plataforma de afectados por el crematorio presentó a mediados del mes de enero. En este escrito, el colectivo denunció una serie de irregularidades que, según ellos, se han producido en la actividad de la incineradora y a lo largo de todo el proceso judicial. En el documento se expone que la puesta en marcha del crematorio incumplió la normativa de la Comunidad Valenciana, según la cual, además de una autorización municipal, se requiere de autorizaciones e informes favorables previos emitidos por la administración autonómica competente en materia de Sanidad y Medio Ambiente.

Sin embargo, los dos informes que hasta la fecha se han emitido desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad concluyen que el crematorio de Sant Joan puede generar «efectos subcrónicos y cáncer».

Por otra parte, los vecinos afectados argumentan que la normativa en la que se basa el informe ecotoxicológico que presentó la funeraria y que condujo al archivo de la causa penal, se basa en una normativa que no es de aplicación a los hornos crematorios. Asimismo, la plataforma vecinal también manifiesta que en este documento tampoco se especifica la metodología que se siguió para realizar las mediciones que dieron como resultado unas emisiones de gases dentro de los valores permitidos.

Tras conocer esta noticia, los afectados han declarado que su obligación como ciudadanos es denunciar aquellas irregularidades de las que son testigos. «Cuando la Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido tomar cartas en el asunto e investigar es porque hay algo», añadieron desde el colectivo vecinal.

Esta apertura de diligencias informativas es una investigación preliminar. Si el fiscal entiende que hay delito solicitará al juez que inicie actuaciones penales.

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