Las obras de Acuamed en El Campello y Mutxamel que investiga la Audiencia Nacional por un supuesto amaño en su adjudicación siguen a buen ritmo ajenas al escándalo que se ha desatado tras destaparse este caso en la empresa pública. El refuerzo de las redes de abastecimiento de Mutxamel y El Campello arrancó el pasado verano con un presupuesto de 9 millones, aunque en la web de Acuamed figura aún en fase de licitación por 18,3 millones, no hay rastro de la culminación de la adjudicación y su puesta en marcha no había trascendido.
La empresa Altec-Altyum es la que está llevando a cabo las obras, y según el juez el concurso fue amañado para adjudicarlo a esta mercantil, que con los informes de los técnicos «nunca hubiera conseguido la adjudicación».
Las infraestructuras incluidas en esta actuación comprenden las obras de regulación y distribución necesarias para abastecer de agua de la desalinizadora de Mutxamel a El Campello y Mutxamel. El plan se resume en la construcción de tres depósitos con un volumen total de 16.000 m3, cuatro estaciones de bombeo y 26 kilómetros de conducciones. Es esta actuación, y no la que se realizó para captar el agua del mar, la implicada en el caso.
A pesar de que inicialmente dentro de este proyecto se incluía la conexión de la desaladora con la conducción Rabasa-Amadorio para poder abastecer de agua desalinizada a Benidorm y su presupuesto ascendía a 18,3 millones, esta conexión se habría separado del proyecto, ya que en noviembre el Gobierno central anunció una inversión de cuatro millones para esa conducción.
Preocupación
A pesar de que las labores siguen adelante en la zona de Los Llanos de Mutxamel y en la salida norte de El Campello, algunos trabajadores manifestaron ayer su preocupación a este medio por las consecuencias que puedan derivarse de la investigación, como una posible paralización de las obras, que deberían acabar en abril. Cinco de los detenidos en la operación ordenada por la Audiencia Nacional han ingresado en prisión, entre ellos el exdirector general de Acuamed, y el caso ha llevado a dimitir al número tres de Presidencia del Gobierno por su supuesta participación.
La primera fase de obras para abastecer a Alicante, Sant Joan y San Vicente ya finalizó hace unos meses tras una inversión de 14,4 millones.
