Un nuevo capítulo en la contienda que mantienen el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig con la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A., por la explotación del parking de los bajos del nuevo Consistorio, en la calle Pintor Picasso. El representante legal del constructor presentó una alegación contra los presupuestos municipales el pasado jueves -fecha límite para exponer el desacuerdo a las cuentas- en la que manifiesta que el Ayuntamiento no ha consignado una partida de 3 millones de euros en concepto de indemnización por la inversión realizada en el estacionamiento y, por tanto, exige la anulación del presupuesto.
El Consistorio dio a conocer ayer, a través de un comunicado, las intenciones de la empresa de Enrique Ortiz de invalidar las cuentas municipales. En el escrito de alegaciones, al que no ha tenido acceso este periódico, se argumenta, según explicó el concejal de Hacienda, Alberto Beviá, que el Consistorio debe pagar al constructor 2,9 millones por la inversión realizada en el parking.
Para ello, siempre según Beviá, la empresa se fundamenta en el acuerdo plenario del pasado 21 de diciembre en el que se acuerda la liquidación del contrato y, concretamente en el segundo punto donde se indica que «el valor de las obras necesarias para la explotación del aparcamiento que aún no han sido amortizadas, y deben ser abonadas al concesionario» ascienden a «la cantidad de 2.953.362 euros». Beviá considera que la empresa manipula los datos, debido a que en el mismo acuerdo también se establece que Enrique Ortiz e Hijos debe abonar en concepto de daños y perjuicios por el abandono de la gestión del estacionamiento 5 millones de euros al Consistoriodaños y perjuicios por el abandono de la gestión . La liquidación, por tanto, arroja un saldo de 1,91 millones a favor del Ayuntamiento.
Como se recordará, en enero de 2014 la mercantil renunció de forma unilateral a continuar con la explotación del aparcamiento de los bajos del nuevo Consistorio tras solicitar medio año antes el reequilibrio económico financiero del contrato ante la poca rentabilidad del estacionamiento, un hecho que según la empresa era atribuible al Ayuntamiento.
Sentencia
«Quieren obligarnos a consignar una partida en el presupuesto para hacer frente a una supuesta indemnización que se han inventado, ya que no hay ninguna sentencia judicial ni reconocimiento alguno de esa deuda», manifestó el edil de Hacienda. Beviá recordó que los pronunciamientos judiciales hasta la fecha vienen dando sistemáticamente la razón al Ayuntamiento. En concreto, el juzgado nº4 de Alicante, en sentencia del pasado 16 de julio de 2015 desestima el recurso de Ortiz contra el acuerdo municipal que acordaba incautarle la garantía y exigirle daños y perjuicios por su renuncia unilateral a seguir explotando el parking subterráneo.
Así las cosas, la alegación provoca, según señalan desde el Ayuntamiento en el comunicado, un retraso en 15 días de la entrada en vigor del presupuesto definitivo de este 2016 y se ha prorrogado el anterior. «Ello no supone ningún problema económico, ni de nóminas, ni de pago a proveedores», señaló Beviá. El equipo de gobierno llevará al pleno de 27 de enero estas alegaciones, que previsiblemente se desestimarán. Una vez realizado este trámite, el presupuesto se remitirá al Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor cuando sea publicado.
Este periódico intentó contactar con el abogado de la empresa Enrique Ortiz e Hijos que firma las alegaciones sin recibir respuesta.
