El Ayuntamiento de El Campello se va a fijar en Villena, que tiene una planta de residuos y unos problemas similares a los que sufren sus vecinos, para hacer una ordenanza sobre contaminación. Todos los partidos políticos en el consistorio campellero dieron el sí a la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos que proponía que se elabore una Ordenanza Municipal para la Prevención y Control integrado de la Contaminación y Formación y Dotación de Medios para su cumplimiento.

El grupo político recordaba en el pleno del mes de noviembre que se celebró en la noche del jueves que en 2013 el pleno municipal ya aprobó, también por unanimidad de la corporación, una moción «para sufragar los gastos en los que habían incurrido los vecinos afectados por la toxicidad del vertedero de Les Canyades ». El portavoz del grupo, Julio Oca, lamentaba que «hasta la fecha la moción no se ha llevado a término y los vecinos no han recibido ninguna ayuda». Desde hace más de una década los residentes están sufriendo los problemas derivados de la planta y también desde entonces han tratado de poner remedio presentando denuncias y reclamaciones para poder defenderse, lo que les ha acarreado muchos gastos. De hecho, en la última reunión que se celebró en el Ayuntamiento y los vecinos para presentar el posible estudio de toxicidad que iba a realizar la universidad, los residentes corrieron con los gastos fundamentalmente de desplazamiento del perito contratado por ellos y que ha realizado estudios de toxicidad.

El grupo defendió la necesidad de que el Ayuntamiento esté del lado de los residentes que están próximos a la planta de basura y sufren los problemas generados tanto por los olores como por las sustancias que hay en el ambiente y que los vecinos se quejan de que les están afectando, incluso a su salud.

Con la ordenanza los grupos pretenden «eliminar las emisiones de malos olores y sustancias perjudiciales para la salud y responsabilizar y sancionar a los causantes».

Además, esta ordenanza garantizaría la dotación en los presupuestos de las partidas necesarias para la formación de técnicos municipales o de la propia Policía Local. Y a la vez, la adquisición de un olfatómetro con el que poder realizar las mediciones y controles con los que los funcionarios puedan evaluar si se está produciendo una situación anómala y denunciar la situación.