Ratas, humedades, malos olores... Estos son algunos de los problemas que vienen sufriendo los vecinos del bloque 67 del barrio de Santa Isabel de San Vicente del Raspeig debido al mal estado de dos locales ubicados en los bajos del mismo, que llevan años tapiados. Por ello, el equipo de gobierno cuatripartito aprobó ayer, en junta de gobierno local, el inicio de un expediente para exigir a los propietarios la limpieza de los dos locales causantes del malestar que denuncian los residentes del edificio.
En concreto, en la orden dada desde el Ayuntamiento, a instancias de la concejalía de Urbanismo, dirigida por Mariló Jordá, se solicita a los dueños de los locales «reparar la red de saneamiento, la apertura de los huecos de ventilación, así como la desinfección, desinsectación y desratización del interior de dichas viviendas, para cumplir con las condiciones mínimas de salubridad y evitar daños estructurales en el inmueble».
Con todo, cabe destacar que uno de los locales causantes de la problemática es propiedad del Obispado de Orihuela, con el que el Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto para advertirle de la situación. De hecho, el ente religioso ya ha iniciado las labores de saneamiento, como confirmaron ayer a este diario fuentes del Obispado. Sin embargo, el equipo de gobierno todavía no ha localizado al dueño del otro local, por lo que si no actúa «de forma inmediata» será el Consistorio quien realice las tareas de mejora con carácter subsidiario, como confirmó ayer a este diario el alcalde de San Vicente, el socialista Jesús Villar.
Posibles daños estructurales
Hay que tener en cuenta que este bloque de viviendas es uno de los que están pendientes de rehabilitación en la zona de Santa Isabel. Las humedades causadas por el mal estado de los locales podrían haber agravado el estado de la estructura del edificio, como alertó ayer la edil de Urbanismo.
De momento, se está a la espera de que el técnico del Obispado determine el impacto sobre el bloque de viviendas por el mal estado de su local. Por otra parte, Jordá señaló que, en el caso de no poder dar con el dueño del otro local, «se solicitará una orden judicial para acceder en la vivienda» y valorar los daños sobre el edificio.
