Dos años. Ese es el tiempo que el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha tardado en iniciar el proceso de expropiación de la finca La Paz, conocida popularmente como la Casa del Conde. Así lo aprobó el pasado viernes la Junta de Gobierno local después de que en diciembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana emitiera una sentencia obligando a la administración local a hacerse cargo del citado inmueble tras el contencioso administrativo abierto por los actuales propietarios, en este sentido. Un procedimiento que podría resultarle caro al Consistorio santjoaner, ya que supondrá un desembolso de más de medio millón de euros, como admitió el alcalde de la localidad, el socialista Jaime Albero.

No hay que olvidar que durante los últimos años esta finca, ubicada al norte del municipio y catalogada como bien local, ha experimentado un gran proceso de deterioro que ha terminado por arruinar el inmueble. De hecho, como explicó ayer Albero, todavía se desconoce si la construcción podrá ser rehabilitada. Si el coste de la actuación de mejora es muy elevado, se podría optar por su demolición, según indicó el primer edil. A pesar de esta circunstancia, el Ayuntamiento está obligado a pagar una elevada cifra a los propietarios de la Casa del Conde, según se establece en la sentencia del TSJ, contra la que no cabe recurso.

Negociaciones

Una vez iniciado el proceso de adquisición forzosa, el Ayuntamiento de Sant Joan arrancará, de forma oficial, los contactos con los propietarios de la finca para determinar el coste de la expropiación. Comienza así el baile de cifras. Los técnicos municipales consideran que los bienes a expropiar están valorados en algo más de medio millón de euros mientras que los dueños de la Casa del Conde aseguran que esta cantidad es bastante inferior a sus estimaciones. El proceso de negociación se vaticina, por tanto, largo y complejo.

«La valoración inicial, únicamente del terreno donde se encuentra ubicada la Casa del Conde, es de 504.00 euros», concretó ayer el edil de Urbanismo, Sergio Agüeitos, de Compromís, quien apostilló que «el inmueble no tienen ningún valor», debido al proceso de expolio que ha sufrido en los últimos años. Con todo, cabe destacar que este valor todavía no es definitivo, ya que al no iniciarse el proceso de expropiación, los técnicos todavía no han podido acceder al interior del mismo y, por tanto, podría ser modificado.

Sin embargo, un representante de la familia propietaria de la finca, señaló ayer a este periódico que, por su parte, se han encargado de garantizar «en la medida de lo posible» la seguridad del inmueble. «Ha sufrido diversos asaltos y actos vandálicos y nosotros nos hemos ocupado de limpiar la parcela y tapiarla, en varias ocasiones», señaló a la vez que defendió que «se ha hecho lo necesario para evitar daños a terceros».

Además, el representante de los titulares de la Casa del Conde valoró positivamente el inicio del procedimiento tras dos años de espera y aseguró que el Ayuntamiento aún no ha trasladado a los propietarios ninguna cifra sobre el coste de la expropiación, aunque dijo que, a su juicio, es superior al medio millón de euros.

Una afirmación que choca con la postura inicial del Ayuntamiento. «Nuestra pretensión es que acepten el medio millón», dijo el edil de Urbanismo, aunque admitió que están dispuestos a negociar con los propietarios, tanto el precio final como el modo de pago. Todo está en el aire. En caso de que finalmente no llegarán a un acuerdo entre las partes, se deberá acudir al jurado provincial de expropiación, que emitirá un justiprecio para la finca.

Críticas

Agüeitos lamentó el estado en el que se encuentra la finca y destacó que la intención del equipo de gobierno es «hacer frente a los problemas sin hipotecar a futuras corporaciones y a nuestros ciudadanos». «Por supuesto, cumplimos con el mandato judicial pese a que la sentencia que obligaba a expropiar la finca es de 2013», criticó el edil, en alusión al PP, quienes pese a estar en el poder cuando se emitió la sentencia no iniciaron la compra forzosa, que sí ha comenzado el cuatripartito que ahora gobierna en Sant Joan.