El Programa de Actuación Integrada Castellet-Montoyos de San Vicente del Raspeig seguirá suspendido dos años más. En julio de 2013 el pleno municipal aprobó el aplazamiento del desarrollo urbanístico de esta zona y el pleno del próximo 29 de septiembre votará a su vez un nuevo aplazamiento. Hasta dos permite la ley y a ello se ha acogido la mercantil que debe desarrollar el plan, Urbedesa, a la espera de que la situación inmobiliaria mejore.
Al igual que hace dos años, la mercantil basa la petición de prórroga en el Decreto Ley 2/2011 de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas que contempla la posibilidad de solicitar la suspensión.
El Ayuntamiento ha llegado finalmente a un acuerdo con la mercantil que mantiene las mismas condiciones a las tres familias afectadas por el derribo de sus casas en 2009 para la construcción de un colegio dentro de dicho plan.
Urbedesa va a seguir abonando los 300 euros para el pago del alquiler, y los vecinos aportarán otros 50 euros. Las negociaciones con la Concejalía de Urbanismo llegaron a un punto de estancamiento puesto que la mercantil pretendía rebajar el importe a los 150 euros al mes, que es lo que supone un alquiler social, y desde el área no admitían ninguna disminución. La empresa consideraba que el desalojo de las familias fue una decisión del ayuntamiento ante la inminente construcción de un colegio público, y que por tanto la responsabilidad era municipal.
Pero hace dos años, en el acuerdo para suspender temporalmente el inicio del proceso urbanizador, se contempló que la empresa correría con la mayor parte del alquiler de las familias desalojadas. En el nuevo, la mercantil hizo una modificación a la baja de las condiciones del alquiler y el ayuntamiento ha reclamado que mantenga las condiciones. Fuentes municipales reconocen que tras más de un mes de negociaciones «se ha conseguido que la empresa recapacite y cambie su posicionamiento». El alcalde, Jesús Villar, quien en el último mes ha negociado con la mercantil, señala que «es un acuerdo que nos satisface a todas las partes implicadas, la empresa ha tenido siempre voluntad de colaborar en este problema que generó el anterior gobierno, pero nosotros no podíamos permitir una merma en las condiciones para las familias».
Por su parte, la concejal de Urbanismo, Mariló Jordá, explica que este plan urbanístico es el de mayor importancia del municipio por su cercanía con la Universidad y que dentro de dos años deberá comenzar a desarrollarse. En caso contrario, Jordá señala que se declarará la caducidad de la licencia.
