Ocho años después de la paralización de las obras, la venta de los apartamentos de Cala Lanuza parece que va a desbloquear la finalización de este polémico complejo turístico. Un grupo inversor inglés ha comprado el inmueble, que había quedado en manos de una empresa catalana tras el concurso de acreedores en el que entró su promotora, Enypesa, y su objetivo es terminar la obra. El precio de la operación no ha trascendido y la próxima semana está prevista una reunión de esta mercantil con el Ayuntamiento de El Campello para abordar su situación. De la obra, cuyo coste se presupuestó en más de seis millones de euros en su día, queda sobre todo urbanizar el entorno y accesos, así como las zonas comunes, además de rematar el interior de las viviendas.
Este complejo, situado en primera línea de playa con 127 apartamentos turísticos, se inició hace ya una década y generó una enorme polémica, siendo calificado por los colectivos ecologistas como el «Algarrobico» de Alicante, en referencia al hotel ilegal construido en una playa de Almería. Se sucedieron las denuncias ante el juzgado, el Ayuntamiento y la Unión Europea, al considerar vecinos, ecologistas y formaciones de izquierdas, entonces en la oposición, que se vulneraba la Ley al existir un exceso de alturas de hasta cuatro plantas. La visión del inmueble desde la playa alarmó a numerosos colectivos, al levantarse a los pies mismos de la cala un gigante de hormigón que se iba elevando sobre una pequeña montaña, en lo que era hasta entonces una tranquila y virgen cala.
Tras solicitar un informe el Ayuntamiento -gobernado por el PP- sobre este exceso de alturas y retrasarse su presentación 18 meses, finalmente se confirmó que existían discrepancias cuando las casas estaban prácticamente acabadas en 2008. Estas deficiencias entre las rasantes reales y las de la licencia inicialmente concedida fueron subsanadas a posterior por el Consistorio legalizando la obra.
El informe confirmó una desviación pero que en ningún caso alcanzaba las cuatro alturas denunciadas, sino que rondaba unos tres metros. Pero las obras quedaron paralizadas por la falta de permiso de Costas para urbanizar el entorno y la crisis económica, que acabó llevando a concurso de acreedores a la promotora, que está ahora en proceso de liquidación. Sobre sus bienes pesaba una demanda hipotecaria de una entidad bancaria, y finalmente una empresa catalana se quedó con el inmueble, que ahora ha sido vendido a un grupo inversor inglés.
Una de las preocupaciones de los vecinos de la zona es que se acondicione el acceso a la cala, que se incluye dentro del proyecto, ya que llevan casi una década soportando un camino de tierra en mal estado.
El anterior ejecutivo llegó a plantearse intervenir el aval de la obra para terminar el acceso, aunque lo descartó finalmente. Desde el actual equipo de gobierno señalaron que esa acción no se puede realizar al estar vigente la licencia, y esperan que los nuevos propietarios puedan acabar esta obra y mejorar el acceso.
