Xixona parece que puede «respirar» tranquila. El nuevo gobierno autonómico no se plantea incineradoras de basuras como la que proyectaba el anterior ejecutivo en la provincia, donde debía levantarse una instalación para dar servicio a todo el territorio alicantino y cuyo emplazamiento parecía apuntar a Xixona. Esta posibilidad había llevado a que la población turronera se echara a la calle para rechazar esta infraestructura y a que se impulsara una plataforma ciudadana, además de una oposición frontal por parte del Ayuntamiento.
El nuevo secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro (Compromís), manifestó a este medio que «la política que iniciamos en la Conselleria no está en la línea de crear incineradoras. Apostamos por vías más sostenibles que no son coherentes con la incineración de residuos sólidos urbanos. Nuestra idea es revisar y modificar el Plan Integral de Residuos de la Comunidad de 2010, y así, intentar excluir la incineración y eliminarla de cualquier sistema de gestión de residuos urbanos».
Desde la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural resaltaron que la gestión de la Generalitat «tiene que basarse en la reducción de los residuos en origen y no en la incineración», es decir mayor separación de basuras y recogida selectiva, y lo justifica en que la primera opción «genera más empleo, reduce el volumen de fracción orgánica en la planta de residuos, reduce el daño ambiental y el riesgo para la salud de las personas y es más eficaz en términos económicos». Desde el Consell ponen como ejemplo que una planta de incineración de 45.000 toneladas genera 80 puestos de trabajo mientras que la recogida selectiva de residuos y reciclaje 900.
De cualquier forma la Conselleria recuerda respecto al caso de Xixona que «a día de hoy, casi 10 años y medio de la aprobación del Plan Zonal, Piedra Negra no tiene un Proyecto de Gestión tramitado y aprobado, y sin un Proyecto de Gestión aprobado no se puede proyectar una incineradora».
Rechazo
Hay que recordar que desde el Ayuntamiento gobernado por el PSOE se ha mostrado en los últimos años su rechazo frontal a que Piedra Negra albergara una incineradora de residuos, alertando del riesgo de esta infraestructura por sus posibles problemas ambientales y daños al prestigio de la industria agroalimentaria local, más aún después de los años de malos olores y nefasta gestión que han soportado los xixonencs en este vertedero.
Igualmente un millar de personas se manifestaron en marzo contra la privatización de la planta de residuos y la posible instalación de la incineradora, en una protesta convocada por el colectivo ciudadano Aixama. Además, se había impulsado la creación de una plataforma para luchar contra esta posibilidad, pero el cambio de gobierno en la Generalitat ha dado un vuelco a esta situación, algo que por otra parte se intuía.
Sin ir más lejos PSOE, Compromís y EU, junto con ecologistas, mantienen recurrido en los tribunales el Plan Integral de Residuos aprobado en 2013 que reflejaba la valorización energética (incineración de residuos) como eje para la eliminación de las basuras, al oponerse entre otras cosas a la quema de desperdicios por sus problemas medioambientales y destrucción de materiales recuperables.
Y es que han sido muchos los indicios en los últimos años que han llevado a que Xixona se situara como principal candidata a albergar esta instalación sin quererlo, no sólo por su ubicación estratégica, llegando incluso a patrocinar Piedra Negra una charla en Valencia sobre incineración de residuos con relevantes grupos empresariales.
Privatización
La privatización de la planta de residuos cerrada hace unos meses también levantó sospechas al respecto. La empresa Cespa (Grupo Ferrovial), que tenía el 49% de las acciones de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, compró a la Generalitat el 51% restante por 5,2 millones de euros en una subasta a la que sólo concurrió esta mercantil.
La alcaldesa Isabel López manifestó a este medio su satisfacción por la decisión de la nueva Generalitat, que «resuelve un problema que había creado la nefasta política del PP en materia de residuos, que se ha dedicado a pasear la basura desde Castellón hasta Alicante».
