Con mucho sabor electoral, así fue ayer el último pleno de San Vicente del Raspeig antes de las elecciones municipales. Tal y como estaba previsto, se aprobaron todos los asuntos y, algo que es poco habitual, dos con el consenso entre el PP y EU, uno de ellos en relación con la modificación de una relación de puestos de trabajo y otro, la resolución de la condición de urbanizador en el Plan de Actuación Integrada de El Pilar que deja sin efecto la programación, pero mantiene dicho plan a expensas del nuevo Plan General.
Se dio luz verde a los temas de mayor calado como la finalización de los efectos del Plan de Saneamiento Financiero 2013-2015, después de obtener un superávit de tesorería de 3,5 millones de euros en el ejercicio 2014 y que se van a destinar a obras básicas sin costes de mantenimiento. Y este punto generó las recriminaciones del PSOE y EU al equipo de gobierno que consideran que las inversiones podrían haberse dejado para que decidiera la próxima corporación, como indicaba el portavoz socialista Rufino Selva; o que el saldo positivo del presupuesto «ustedes lo dedican al ladrillo y a los votos del barrio de Santa Isabel». Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Marco, aprovechó para incluir en su discurso sobre la reducción de la deuda municipal los datos en gasto social del Ayuntamiento en los últimos cuatro años se ha pasado de destinar directamente a las personas necesitadas, 1.296 en 2011 un total de 600.000 euros a 1.081.000 euros en 2014 a 2.565 personas. Ello a través de los programas de Ayudas de Emergencia Social, Renta Garantizada de Ciudadanía y otros programas asistenciales.
La oposición censuró la falta de consenso para la obra de accesibilidad peatonal en la calle Villafranqueza, Pelayo y adyacentes por 780.000 euros, lo que negó el equipo de gobierno. Y el portavoz socialista calificó esta actuación de «otro asunto de desesperación electoralista». Y a la vez, también el equipo de gobierno acusó a la oposición hacer electoralismo en sus intervenciones.
En el turno de preguntas, el concejal de Urbanismo, Antonio Carbonell, respondió a la consulta de si el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al ATE de Ikea que los técnicos ya están trabajando en ellas y que el Ayuntamiento tiene 45 días, hasta junio, para elaborarlas una vez que ha recibido la documentación de la Conselleria de Infraestructuras.
El coste del libro con las obras que se han desarrollado en San Vicente en los últimos años por el que preguntaron tanto PSOE como EU generó gran controversia. Carbonell indicó que se han editado 3.000 ejemplares y que ha costado 8.990 euros sin contar IVA que ha hecho JLC creativos. La portavoz de EU exclamó en el pleno que «¿cómo es posible que un libro de este tipo cueste 3 euros por unidad? Es imposible». La alcaldesa, Luisa Pastor, le preguntó si acusaba de algo al Ayuntamiento. Y a su vez la edil anuncia que estudiará dicha factura y reconocía su desconfianza ante estos datos. Tanto EU como PSOE ahondarán en que «ha quedado acreditado que el libro se ha repartido tras la convocatoria de las elecciones», recalcaba Selva, que lo denunciaron ante la Junta Electoral.
El único punto que obtuvo el consenso general fue la subvención a Nazaret para intervención en familias con menores por 38.000 euros.
