Los técnicos de la Diputación y el Consorcio de la planta de residuos de Piedra Negra en Xixona están trabajando a contrareloj. Todo para buscar una alternativa viable a la privatización de la planta de basuras de la que dependen 37 municipios de parte de L'Alacantí, El Comtat y L'Alcoià. En el Consorcio hay malestar ya que no han tenido conocimiento hasta la publicación el pasado 1 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de la venta de acciones de Vaersa, la empresa pública dependiente de la Generalitat que posee el 51% de Reciclados y Compostajes Piedra Negra SA. Será el día 23 cuando se subasten las 1.840 acciones por un precio de salida de 5,2 millones de euros. El problema fundamental es que la planta es ajena al Consorcio y los municipios no tienen control de los residuos y los precios. Con esta decisión de privatizar la planta, los afectados consideran que pierden aún más capacidad de decisión y que se encarecerá el servicio.

El diputado de Medio Ambiente y vicepresidente del Consorcio de Piedra Negra, Javier Sendra, y el alcalde de Xixona, Ferrán Verdú, abordaron el lunes la subasta del vertedero y acordaron la convocatoria la semana que viene del Consorcio. En él está representada la Diputación, la Generalitat, Xixona como municipio receptor y otra media docena de ayuntamientos. Fuentes de la Diputación apuntan que en el encuentro se van a tratar las estrategias y decisiones a tomar de manera conjunta. Para ello, los técnicos de la institución provincial están estudiando las alternativas a plantear entre las que «no se descarta ninguna opción», añaden.

Verdú desconocía hasta ayer mismo si es viable la paralización de la venta de las acciones de Vaersa, algo que están estudiando los servicios jurídicos municipales desde que el 1 de marzo se conoció la noticia. A su entender, «si va a haber un cambio radical nosotros planteamos un cambio de plan zonal como vía más razonable. Y si encontramos un resquicio se intentará», indicó el primer edil que, según explicó, implica «poder elegir donde llevar nuestras basuras».

Verdú confía en que en la reunión del Consorcio de la semana próxima surjan alternativas que den el control de este vertedero a los municipios. El primer edil defiende la compra de acciones por parte de cada municipio. «Sería pagar la parte correspondiente y Xixona lo haría», sin embargo, a su juicio el pero está «en poner de acuerdo a 37 municipios además de a la Diputación, lo veo difícil».

En San Vicente del Raspeig, la edil de EU, Mariló Jordá, presentó un escrito ante el Ayuntamiento exigiendo que se paralice la privatización, alegando que la empresa pública tiene ganancias. Por su parte, los diputados de EU en las Cortes Valencianas han plantedo preguntas de control sobre esta privatización. A la vez que abogan porque sean los municipios los que asuman el control de la planta.